Retiraron 530 millones de dólares en efectivo y se perdió su rastro: una firma tucumana en la mira de la Justicia

La Justicia federal investiga un entramado de casas de cambio que, durante la gestión de Alberto Fernández, retiraron al menos 530 millones de dólares en efectivo de los bancos y cuya trazabilidad se perdió. Una de las agencias bajo la lupa es SuCrédito, de la provincia de Tucumán, que ya sufrió dos allanamientos en los últimos meses.

Los datos surgen de informes del Banco Central incorporados a la causa vinculada al esquema de permisos de importación SIRA y a los vínculos entre las casas de cambio que accedían a los dólares oficiales a través de entidades bancarias.

¿Cómo operaban?

Según los documentos a los que accedió TN, distintas agencias cambiarias compraron divisas a entidades financieras y luego las retiraron por ventanilla, lo que implicó la pérdida del rastro bancario del dinero. “Se observó en dichos extractos bancarios que (…) retiró dólares en efectivo (…) perdiéndose la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”, señala uno de los sumarios.

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya había detectado movimientos por más de 500 millones de dólares en bancos bajo investigación. Ahora, los informes del Banco Central agregan un elemento clave: parte de esos fondos fue extraída en efectivo, dificultando la reconstrucción del circuito posterior del dinero.

Los casos más resonantes

Uno de los casos incluidos en los sumarios es el de Stema Cambios, que compró 180 millones de dólares a bancos y los retiró por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. El informe oficial remarca que, tras esa operatoria, se perdió la trazabilidad de los fondos. En paralelo, la Justicia tiene en la mira a la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de esa firma.

Otro expediente apunta a Concordia Inversiones SRL, donde se detectaron transferencias a personas físicas por 9,8 millones de dólares. Una vez acreditados, esos fondos fueron retirados en efectivo. La casa de cambio aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.

En tanto, el caso de Mega Latina S.A. concentra el mayor volumen: la empresa compró 327 millones de dólares a bancos, los retiró por caja y luego informó haber vendido el 70% de esas divisas a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A. Los documentos oficiales advierten que ese tipo de operatoria está prohibida, ya que las agencias deben vender a clientes y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, indica el sumario.

El rol de SuCrédito en Tucumán

Una de las agencias investigadas es SuCrédito, de la provincia de Tucumán, que tuvo dos allanamientos en los últimos meses. Uno de los directores de Su Crédito, Elías Piccirillo, se encuentra preso, en tanto que su máximo directivo, Jorge Blanco, se encuentra bajo investigación.

¿Hacia dónde fue el dinero?

Los informes también consignan que se accedió a dólares oficiales para venderlos a operadores cambiarios, lo que refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: que las divisas obtenidas a precio regulado podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal, obteniendo ganancias multimillonarias. Por otra parte, la causa analiza si existió un esquema en el que empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas (estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) para luego volcar esos dólares al circuito paralelo.

La investigación se inscribe en el período de mayor restricción cambiaria, entre 2021 y 2023. Es decir, la etapa en la que Alberto Fernández era presidente y un momento en el que Massa se convirtió en ministro de Economía. De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, el volumen total de divisas que habría circulado por agencias de cambio en ese período asciende a unos 3000 millones de dólares.

El expediente se mantiene bajo secreto de sumario mientras se completan medidas de prueba, entre ellas nuevos allanamientos. Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro empresas involucradas y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas. También se solicitaron informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el circuito completo de las operaciones: desde la aprobación de los permisos de importación hasta el destino final de los dólares.

La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido que entregó información sobre financistas y maniobras vinculadas al acceso a divisas oficiales. En ese material aparecen mencionados empresarios y operadores del mercado cambiario que ahora están bajo investigación.