Respuesta del Gobierno: eliminan arancel clave tras el cierre de FATE y apuntan a su dueño

En medio de una tensa escalada con el empresariado, el Gobierno de Javier Milei tomó una medida contundente que impacta directamente a uno de los hombres más ricos del país. La eliminación anticipada del arancel antidumping al aluminio, que protegía a la empresa Aluar, es vista como una respuesta directa al cierre de la fábrica de neumáticos FATE, propiedad del mismo magnate, Javier Madanes Quintanilla. La periodista económica Eugenia Muzio analizó para Perfil las implicancias de esta decisión, que ya fue publicada en el Boletín Oficial.

El arancel del 28% a productos chinos de aluminio tenía su vencimiento programado para el 5 de marzo. Sin embargo, la administración libertaria decidió levantarlo antes de esa fecha, faltando menos de diez días para su caducidad. Este movimiento se da en un contexto de creciente fricción entre la Casa Rosada y sectores del llamado “Círculo Rojo” empresarial.

¿Una represalia por el cierre de FATE?

Según el análisis de Muzio, la postura oficial es que el cierre de la planta de FATE “fue hecho a propósito en cierto punto para darle algún tipo de elección al gobierno”. Desde el otro lado, los empresarios denuncian un “industricidio” impulsado por la apertura de importaciones y el encarecimiento de los costos en dólares. La eliminación del antidumping aparece, en este marco, como un mensaje político y económico de alto voltaje hacia Madanes Quintanilla.

La periodista describió una interna dentro del poder empresarial, donde conviven quienes apoyan las reformas del oficialismo y evitan las críticas, y otros que actúan de manera más independiente, como el dueño de FATE y Aluar, catalogado como un “lobo solitario”.

El modelo económico y una posible escalada

Consultada sobre hasta dónde puede llegar este conflicto, Muzio señaló que el gobierno mantiene firme su hoja de ruta. Explicó que, desde la visión oficial, “es un efecto pensado respecto del modelo económico, como que va a haber varias industrias que van a cerrar, pero que se van a tener que reconvertir”. A pesar de las reuniones entre la Unión Industrial Argentina y el ministro de Economía, no se vislumbran cambios pragmáticos en el corto plazo.

Del lado de las empresas, la estrategia parecería ser esperar el avance de las reformas en el Congreso y medir la tolerancia social al ajuste. Muzio recordó el antecedente del conflicto con Techint, donde la empresa finalmente optó por “bajar la espuma” tras una escalada pública. La medida contra Aluar, ya vigente, marca un nuevo capítulo en esta pulseada entre el poder político y uno de los pilares de la industria nacional.