Reforma laboral: el dato que expone la asfixia judicial en solo tres provincias

Más del 70% de los juicios por accidentes de trabajo en todo el país se concentran en apenas tres distritos, una cifra que pone en evidencia las graves distorsiones del sistema y que el Gobierno busca atacar con su reforma. Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo revela que durante 2025 ingresaron 134.141 nuevas demandas, lo que equivale a 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos, un nivel de litigiosidad que multiplica por más de veinte el de países como Chile.

La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe acumulan el 73% de todos los juicios laborales por riesgos del trabajo. Este dato es aún más alarmante si se considera que estas jurisdicciones reúnen al 61% de los trabajadores del país, lo que demuestra que el problema va más allá del tamaño de su mercado laboral.

¿Una paradoja del sistema?

La UART señala una contradicción fundamental: mientras los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos bajaron un 80% en los últimos años, los juicios crecieron un 6,4% solo en 2025. “Los juicios crecen de manera desproporcionada”, advirtió la entidad, marcando una clara desconexión entre la mejora en las condiciones de seguridad y la escalada judicial.

La comparación internacional deja al sistema argentino en una posición crítica. Chile tiene 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España 8,5, mientras que Argentina alcanza los 132,8. Esto significa que la litigiosidad local el año pasado fue un 2200% mayor que la de Chile y un 1500% superior a la de España.

El ranking provincial que preocupa

Al desglosar los números por provincia, la desproporción se vuelve escandalosa. Santa Fe lidera con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, seguida por Mendoza con 208, la provincia de Buenos Aires con 159, Córdoba con 127 y la Ciudad de Buenos Aires con 113. “Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por riesgos del trabajo de nuestro país”, alertaron desde la UART.

Para muchos especialistas, la raíz del mal está en el desordenado sistema de pericias médicas judiciales. La Ley 27.348, sancionada hace casi nueve años para ordenar y profesionalizar el proceso, sigue sin implementarse en la mayoría de las provincias. El actual esquema, donde los peritos cobran en proporción al monto que ellos mismos determinan en el juicio, genera incentivos económicos que distorsionan todo el sistema.

Este escenario es el telón de fondo sobre el que el oficialismo impulsa cambios en la reforma laboral, buscando dar previsibilidad a un sistema que hoy muestra signos evidentes de asfixia y concentración geográfica de los conflictos.