Querían construir una terminal que ya existía: la Provincia frenó la expropiación y busca recuperar la plata

El Gobierno de Tucumán detectó un insólito error administrativo: intentó expropiar un terreno para construir una terminal de ómnibus en San Pedro de Colalao, pero esa infraestructura ya funciona allí desde hace más de 50 años. Ahora, la Provincia inició los trámites para recuperar el dinero que había depositado como indemnización.

La medida se oficializó mediante el Decreto N° 1193/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. A través de esa norma, se autorizó a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado a desistir del juicio de expropiación y gestionar la restitución de los fondos.

¿Cómo empezó todo?

En agosto de 2020, la Legislatura sancionó la Ley N° 9.289, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en San Pedro de Colalao, departamento Trancas, identificado con el padrón N° 99.530. El objetivo era transferir el terreno a la comuna local para construir una terminal de ómnibus.

En cumplimiento de esa ley, la Provincia demandó al Club Social San Pedro de Colalao Cooperativa Familiar Limitada —o a quien resultara su legítimo propietario— y depositó la indemnización correspondiente.

Las irregularidades que saltaron

Durante el avance del expediente, comenzaron a surgir problemas. El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual informó que la entidad demandada tenía los mandatos de sus autoridades vencidos y que su autorización para funcionar estaba suspendida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Pero lo más llamativo ocurrió cuando las autoridades intentaron tomar posesión del inmueble. La propia Comuna de San Pedro de Colalao informó que tanto la terminal de ómnibus como la sede comunal funcionan en ese predio desde hace aproximadamente 50 años.

La decisión final

Frente a este escenario, la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado concluyó que el objetivo de la ley ya estaba cumplido y que no existía un sujeto expropiado válido. El decreto sostiene que nunca hubo una verdadera desposesión del inmueble, requisito esencial para una expropiación, y que el destino previsto ya estaba materializado.

Con respaldo en el Dictamen Fiscal N° 823 del 21 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo autorizó a la Fiscalía de Estado a desistir del expediente N° 3.414/22, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la VIII Nominación del Centro Judicial Capital, y a impulsar las medidas para recuperar el dinero depositado.

Aunque el decreto no detalla el monto, la decisión busca evitar que recursos públicos queden inmovilizados en un proceso sin objeto práctico ni jurídico.