Procesan a empresario azucarero tucumano como presunto jefe de una asociación ilícita millonaria

Un juez federal procesó al empresario Ricardo Sixto Ansonnaud, vinculado al Ingenio La Trinidad, como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria. La medida, que incluye a otras cuatro personas y embargos por miles de millones de pesos, desnuda un complejo esquema de evasión fiscal y previsional que habría operado durante años en la provincia.

La causa fue iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas maniobras de evasión impositiva y retención indebida de aportes a la seguridad social. La investigación se centra en irregularidades vinculadas a la comercialización de azúcar y al incumplimiento de obligaciones fiscales del ingenio.

¿Quiénes son los otros imputados?

Además de Ansonnaud, el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata. Todos fueron imputados como coautores del delito de asociación ilícita tributaria.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la investigación reunió elementos suficientes para considerar que los acusados integraron una estructura estable destinada a cometer ilícitos fiscales de forma sistemática. Para el procesamiento, basó su decisión en un grado de probabilidad fundado en las pruebas de la instrucción.

El esquema que investiga la fiscalía

La fiscalía federal, a cargo de Agustín Chit, sostiene que el esquema habría funcionado al menos desde 2010. La hipótesis indica que se utilizaron distintas sociedades comerciales para continuar con la explotación del ingenio mientras se eludían obligaciones tributarias y previsionales.

Entre las firmas mencionadas figuran MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Según la acusación, estas estructuras se usaron de manera sucesiva para sostener la actividad productiva, mientras las sociedades anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus deudas con el fisco.

El presunto modus operandi incluía ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares, utilización de contribuyentes “no confiables” para el organismo fiscal y la omisión en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social. También se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados.

El hallazgo clave en los allanamientos

Uno de los elementos que reforzó la investigación surgió de allanamientos realizados en agosto de 2018. Durante esos procedimientos, se secuestró documentación contable y se detectó un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, sin respaldo documental. El fallo señala que la empresa había negado previamente la existencia de depósitos externos.

Los roles dentro de la presunta organización

El juez consideró que Ansonnaud tuvo una participación central, en su carácter de propietario del ingenio, directivo de varias sociedades y beneficiario del fideicomiso. Su intervención se reflejaría incluso en la firma de remitos y órdenes de entrega de mercadería.

Respecto a los demás acusados, la resolución describe funciones específicas: Santiago Gasep y Fabio Seoane habrían ocupado cargos directivos en algunas de las sociedades utilizadas. Marta María Fogliata se desempeñó como administradora fiduciaria del fideicomiso, y Guillermo Aníbal Kargachin como contador de varias de las firmas vinculadas.

Embargos millonarios y posibles penas

Como parte del procesamiento, el juez dispuso trabar un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Ansonnaud. Para los otros cuatro imputados (Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin), el embargo se fijó en $700 millones para cada uno.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión. El mínimo se eleva a cinco años cuando se trata de jefes u organizadores. Es importante destacar que esta figura penal es autónoma, por lo que una eventual regularización de deudas fiscales no extinguiría la responsabilidad penal por la organización delictiva.

Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, sostuvo que su cliente no mantiene deudas con el fisco. Afirmó que las obligaciones personales y de sus empresas están incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo que se cumple regularmente con la aprobación de ARCA. El letrado adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que la medida “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.

El procesamiento es una instancia intermedia en el proceso penal. A partir de aquí, la causa continuará su curso hacia las etapas posteriores, donde se definirá si los acusados deberán enfrentar un juicio oral.