Polémica en San Pablo: expertas advierten que la desafectación de una calle beneficia al Grupo Lucci y piden frenar la ley

La Legislatura de Tucumán aprobó la desafectación de un terreno de 650 metros de largo por 10 de ancho en San Pablo, donde estaba proyectada una calle. Especialistas en urbanismo alertan que la medida favorece intereses privados del Grupo Lucci y compromete la conectividad futura del área metropolitana. La ley aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, pero voces académicas ya exigen que no se firme.

¿Qué dice la ley y quiénes la impulsan?

El proyecto, impulsado por el legislador Mario Leito, busca desafectar del dominio público una franja que nunca se concretó como calle. Según Leito, unas 80 familias de Ohuanta y El Manantial se beneficiarían con la regularización de sus tierras. Además, se menciona un convenio con Citrusvil para ceder terrenos compensatorios, aunque el acuerdo no está formalizado en el texto aprobado. Fuentes oficialistas aseguran que la iniciativa contó con el aval previo del Poder Ejecutivo.

Las críticas de las expertas: ¿una decisión regresiva?

La arquitecta Marta Casares, de Saplat, calificó la medida como “regresiva” porque transforma una reserva pública de conectividad en un activo para operaciones privadas. “La urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde”, señaló. Por su parte, la investigadora del Conicet María Paula Llomparte Frenzel advirtió que la cesión podría consolidar barreras físicas y profundizar la fragmentación social. Ambas coinciden en que el debate va más allá de una simple calle: pone en juego el modelo de ciudad para Tucumán.

El riesgo de la “gentrificación verde”

Llomparte Frenzel alertó sobre la “gentrificación verde” en el pedemonte tucumano, donde áreas valiosas son convertidas en espacios exclusivos para barrios privados, con alto consumo de agua y dependencia del automóvil. “Estas dinámicas pueden desplazar a poblaciones históricas”, afirmó. Además, cuestionó que se priorice el auto particular sobre el transporte público o la bicicleta.

Contradicción con políticas de protección patrimonial

Casares también señaló una contradicción: mientras el Gobierno provincial creó en 2025 el Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado para proteger el patrimonio público, esta iniciativa lo debilita. “La protección no puede ser selectiva”, sostuvo. Por ello, recomendó al Ejecutivo no promulgar la norma, ya que “carece de coherencia con una política territorial integral”.

“No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”, concluyó Casares.