Polémica en la Legislatura: desafectan una calle pública para un country y alertan sobre el cierre de la única vía de escape

La desafectación del dominio público de una fracción de terreno en la comuna de El Manantial (Lules) generó un fuerte debate en la última sesión de la Legislatura. Legisladores advirtieron que se estaría cerrando la única vía de escape a lo largo de casi 2,5 kilómetros de desarrollos inmobiliarios, entre las rutas provinciales 301 y 338.

El dictamen de la comisión de Legislación General se emitió en base al proyecto de ley presentado por el legislador justicialista Mario Leito. En los fundamentos, el parlamentario destacó que esos 650 metros de largo por 10 de ancho (unos 6.500 metros cuadrados) son calles que nunca cumplieron esa función. “Nunca fueron arterias para el tránsito de vehículos y/o similares, sino que simplemente se utilizaban esporádica y ocasionalmente como lugar o senda de paso”, planteó.

¿Qué familias se beneficiarían?

Leito señaló que la desafectación permitirá a 80 familias (50 de Ohuanta y 30 de El Manantial) regularizar su situación dominial y obtener la propiedad de tierras donde han residido durante décadas. Además, anunció que la semana próxima se firmaría un convenio con la empresa Citrusvil para ceder esos terrenos como contraprestación. Según el legislador, la propuesta resuelve dos problemas: el desarrollo inmobiliario y una necesidad social de familias humildes que no podrían acceder a títulos de propiedad de otro modo.

“Estrangulada”

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) pidió la vuelta a comisión del dictamen y alertó que la medida “va en contra de toda planificación urbana para el área metropolitana”. Remarcó que ese camino, perpendicular a la avenida Vicente Lucci, sería la única vía que cortaría 2,3 kilómetros de barrios privados. “Si es que hoy no existe como calle, estamos cerrando la posibilidad de que se abra una, de norte a sur, con el agravante de que hay una escuela (N° 12 “Provincia de Chaco”). Se cierra la posibilidad de una vez y para siempre”, mencionó, e insistió en que la zona quedaría “estrangulada”.

El yerbabuenense aseguró que entre San Pablo y El Manantial hay 280 hectáreas de barrios cerrados. “Es el área de barrios cerrados más grande de Tucumán. Son barrios cerrados sin ningún tipo de planificación urbana”, reprochó, y apuntó contra las administraciones comunales. También criticó que la supuesta compensación no aparezca en el proyecto.

Poner un freno

Eduardo Verón Guerra apoyó el retorno a comisión para un análisis más profundo, pero no hubo respaldo suficiente. Pidió que el Estado busque soluciones para las familias y afirmó que no le convencía el argumento de que el camino estaba sin uso. Sugirió ponerle un freno “a la ambición de los desarrolladores inmobiliarios”.

Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán) votó a favor por el fin social, pero expresó su incomodidad porque un privado ya estuviera usufructuando tierras públicas antes de la ley. También planteó que debiera haber un estudio que garantizara que la compensación de la empresa fuera equivalente al valor de la calle cedida.

La radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) afirmó tener el corazón partido entre la visión de largo plazo y la desesperación social de las familias que podrían ser desalojadas. Solicitó su abstención al igual que José Cano (Radicalismo Federal).

Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) hizo hincapié en la necesidad de un tratamiento metropolitano del uso del suelo, y argumentó que el Estado suele ir detrás de los deseos de los desarrolladores inmobiliarios. Señaló que la falta de una figura jurídica metropolitana impide soluciones integrales.

“Sigue siendo del Estado”

En el cierre del debate, Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista) aclaró que la desafectación del dominio público no implica que el Estado deje de tener la propiedad sobre la tierra. “Lo que ocurre jurídicamente -y es lo que hacemos por ley- es desafectar de ese fin específico público que tenía; deja de ser una calle pública en este caso, pero sigue siendo propiedad del Estado. Al desafectarlo se habilita la posibilidad de que el Estado lo permute, lo negocie o lo concesione, pero sigue siendo del Estado; no le estamos reconociendo ningún derecho”, aclaró.

El parlamentario remarcó que la ley persigue un fin social. “Para eso el Estado va a hacer una concesión y va a recibir a cambio de esa concesión un servicio; una suerte de activo por activo de manera bastante inusual, pero que en definitiva termina siendo eso”, cerró.

CATASTRO. Se había proyectado una calle pública en la fracción desafectada.

ESTRANGULAMIENTO. La oposición señaló que serán casi 2,5km de barrios privados sin una calle que los atraviese.