Polémica en el Congreso: Un acuerdo paritario dispara las dietas del Senado y genera rechazo interno

Una negociación entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos desató un efecto dominó que terminará inflando los sueldos de los senadores nacionales por encima de los $11,5 millones brutos. El aumento, pactado para los trabajadores parlamentarios, se traslada automáticamente a las dietas de la Cámara alta debido a un sistema de vinculación, generando una brecha salarial con los diputados y un fuerte rechazo del bloque oficialista.

¿Cómo funciona el mecanismo que aumenta los sueldos?

El incremento salarial para el personal legislativo se acordó en varios tramos mensuales acumulativos. Incluye una suba retroactiva del 2% desde diciembre, seguida de ajustes que van del 1,5% al 2,5% en los meses siguientes, alcanzando un aumento cercano al 10% acumulado hasta mayo.

El acuerdo fue firmado por autoridades administrativas y parlamentarias de ambas cámaras junto a los gremios. Por el Senado, rubricaron el secretario administrativo Alejandro Fitzgerald y el secretario parlamentario Agustín Giustiniani. Por Diputados, lo hicieron Laura Oriolo y Adrián Pagán. También participaron representantes sindicales como Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN Congreso) y Claudio Britos (ATE Congreso).

El vínculo directo con las dietas de los senadores

El impacto en los senadores no es casual, sino el resultado de una decisión que ellos mismos tomaron. En abril de 2024, la Cámara alta aprobó un sistema que vincula sus dietas al valor de los módulos utilizados para pagar al personal del Congreso.

Bajo este esquema, el sueldo de un senador se calcula sobre la base de 4.000 módulos: 2.500 por dieta base, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo. A esto se suma una decimotercera dieta anual, equivalente a un aguinaldo. Cada vez que las paritarias aumentan el valor del módulo para los trabajadores, los haberes de los senadores se actualizan de forma automática.

Con la nueva actualización, los ingresos brutos de los senadores escalarán desde aproximadamente $10,2 millones a una cifra cercana a los $11,5 o $11,6 millones mensuales, antes de los descuentos por Ganancias y aportes previsionales.

Existen algunos casos particulares dentro del esquema. Los adicionales por desarraigo no son percibidos por todos. Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza por CABA), Mariano Recalde y Alicia Kirchner (quien mantiene su jubilación como exgobernadora) no cobran este plus.

La brecha que divide al Congreso

La situación es radicalmente distinta en la Cámara de Diputados. Allí, las dietas de los legisladores no están atadas al sistema de módulos de los trabajadores. Cualquier actualización de sus haberes depende exclusivamente de una decisión de la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem.

Actualmente, un diputado nacional percibe cerca de $6 millones brutos (unos $4,5 millones netos), más un adicional aproximado de $600.000 por gastos de representación. Esta cifra es sensiblemente menor a la que percibirán sus pares del Senado, una diferencia que genera reclamos recurrentes dentro del Congreso cada vez que se actualizan los módulos.

Rechazo y propuesta solidaria en medio de la polémica

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado salió a rechazar públicamente el aumento. A través de un comunicado, aseguraron que no acompañarán la suba, argumentando la necesidad de mantener una línea de austeridad en el gasto público. “El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”, señalaron, afirmando que su salario “no debe ser aumentado” en el actual contexto económico.

En medio del debate, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se despegó de la decisión y lanzó una propuesta. Sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio existente.

Desde sus redes sociales, Villarruel aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores. Frente a lo que calificó como “operadores malintencionados”, planteó que la decisión final es individual: “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”.