Paro universitario en puerta: docentes exigen el 51% adeudado y rectores advierten un cuatrimestre “crítico”

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales se ve amenazado por un conflicto que se profundiza. Los gremios docentes lanzaron un paro nacional para la semana del 16 de marzo y no descartan extenderlo por tiempo indeterminado, mientras los rectores alertan sobre la gravedad de la situación si no se aplica la ley de financiamiento.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires fue contundente: “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”. La medida de fuerza incluirá no solo la paralización de actividades, sino también movilizaciones y clases públicas para visibilizar el reclamo.

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) confirmaron que el paro se extenderá del 16 al 22 de marzo a nivel nacional. Justificaron la contundencia de la medida señalando que responde a “la conjunción de una situación salarial insostenible para la docencia universitaria”.

¿Qué pasa con la Ley de Financiamiento?

El corazón del conflicto es la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras el rechazo del Congreso a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida a la espera de que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas en el Presupuesto.

Ante este incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en diciembre. La Justicia falló a su favor y el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir con la ley de forma inmediata, especialmente en lo referente a la actualización de partidas para salarios docentes y becas estudiantiles.

Estudiantes universitarios, gremios y organizaciones sociales movilizan al Congreso de la Nación.

La nueva propuesta del Gobierno que genera más rechazo

Frente al revés judicial, el Gobierno apeló la medida cautelar en febrero de 2026 y días después envió al Congreso un nuevo proyecto de ley. Tanto docentes como rectores aseguran que esta iniciativa “desvirtúa el espíritu de la ley original” y aún no tiene fecha para su tratamiento en comisiones.

La diferencia central radica en los salarios. La ley vigente obliga al Estado a reconocer la pérdida por inflación desde el 1° de diciembre de 2023. En cambio, la propuesta oficial solo reconoce la pérdida salarial de 2025. Desde la Conadu denunciaron que “del 55% del salario perdido de 2023, el nuevo proyecto ofrece recuperar un 12% en tres cuotas”.

Tras el revés judicial, el Gobierno envió una nueva iniciativa al Congreso que modifica la actual Ley de Financiamiento Universitario.

Oscar Alpa, titular del CIN, explicó la gravedad: “Recordemos que el 93% de la partida presupuestaria para el sistema universitario está destinada a salarios, que además están totalmente deprimidos, por lo que hay docentes que renunciaron”. Los gremios indican que hay profesores que cobran alrededor de $250.000 mensuales.

Un sistema al borde del colapso

La propuesta del Gobierno también difiere en los gastos de funcionamiento. La norma actual obliga a recomponer la pérdida por inflación de los últimos dos años en programas clave como hospitales universitarios y ciencia y técnica. La iniciativa oficial no contempla esa recomposición para 2024 y 2025.

Para 2026, el proyecto establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, las universidades recibirían un ajuste real solo si el IPC es mayor a esa estimación.

Los sindicatos preparan protestas para el 16 de marzo.

Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, advirtió sobre las consecuencias: “Si el gobierno nacional avanza en el intento de reformar la ley, nos asomamos hacia un horizonte de posible paro por tiempo indeterminado. La falta de responsabilidad del Estado nacional es imperdonable. El malestar de la docencia es muy grande”.

Advertencia de un cuatrimestre “crítico”

A fines de febrero, el CIN emitió un comunicado exigiendo nuevamente el cumplimiento de la ley “para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y que se convoque a paritarias”. También reclamaron por la actualización de gastos de funcionamiento, el sistema científico-tecnológico y los montos de las becas estudiantiles.

El organismo concluyó que “no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.

Los rectores advierten que el cuatrimestre “será crítico” sin financiamiento.

Oscar Alpa fue directo: “Si no se aplica correctamente la ley, será un cuatrimestre crítico para el sistema universitario”. Clara Chevalier coincidió con este sombrío pronóstico, deslizando que “tendremos un año de cursada muy complicado”. El escenario para el inicio de clases es de máxima tensión e incertidumbre.