Padre de víctima exige intervención nacional por expedientes que siguen sin avances

Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para solicitar una compulsa, auditoría y veeduría sobre expedientes vinculados al crimen de su hija que permanecen paralizados. La audiencia, calificada como “altamente constructiva”, incluyó a otros familiares de víctimas de hechos emblemáticos y abordó derechos de las víctimas, seguridad vial y aumento de penas.

En el caso específico de Tucumán, Lebbos presentó documentos escritos denunciando una “grave y sistemática violación a los Derechos Humanos” y reclamó una intervención concreta sobre el Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Su planteo se centró en la falta de avances en investigaciones derivadas del encubrimiento del crimen ocurrido el 26 de febrero de 2006.

¿Qué pidió Lebbos en la reforma penal?

En uno de los escritos entregados, el padre de Paulina solicitó que en la próxima reforma del Código Penal se incorporen penas más severas para delitos cometidos por funcionarios públicos, que estos sean declarados imprescriptibles y que los condenados no puedan acceder al beneficio jubilatorio. “Lo injusto es que personas a las que el pueblo delegó la sagrada misión de prevenir delitos y velar por el cuidado comunitario, traicionan su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes y, muy por el contrario, se dedican a proteger asesinos y promover impunidad”, sostuvo Lebbos.

¿Cuál es el historial judicial del caso?

El reclamo se basó en el extenso derrotero judicial del caso Paulina Lebbos, que incluyó tres juicios orales por encubrimiento. Entre los condenados figuran ex policías de la comisaría de Raco, el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera, el ex jefe regional Rubén Brito y el ex fiscal Carlos Albaca, todos por maniobras de encubrimiento, falso testimonio e incumplimiento de deberes.

¿Qué expedientes están paralizados?

Lebbos denunció que, a pesar de la sentencia de la Sala III en 2019 que ordenó investigar a más de 40 personas por posibles delitos vinculados al encubrimiento, muchas de esas actuaciones no avanzan. En una presentación ingresada el 8 de abril, pidió expresamente que el Ministerio de Justicia de la Nación disponga una nueva intervención del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci) para revisar el estado de esos expedientes. “A pesar del tiempo transcurrido, más de siete años, y los múltiples trámites que hice y las denuncias que efectué, hasta el día de hoy no puedo acceder al conocimiento formal del estado de avance de esas causas”, advirtió.

¿Por qué alertó sobre prescripción?

El padre de Paulina sostuvo que muchas de esas investigaciones no son complejas, ya que la prueba ya se encuentra en la causa principal, en documentación, audios y filmaciones del juicio oral. Por ello, alertó sobre el riesgo de prescripción e insistió en que el Estado nacional intervenga para supervisar qué ocurrió con esos expedientes.

¿Qué cuestionó sobre las condenas?

Uno de los puntos más duros de la presentación fue la referencia al ex fiscal Carlos Albaca, a quien Lebbos señaló como símbolo de la impunidad que persiste en el caso. Cuestionó que, pese a haber sido condenado, cumpla la pena en su domicilio. “Las condenas aplicadas fueron entre 5 y 6 años de prisión, la mayor parte cumplidas en sus domicilios”, señaló, al considerar una respuesta penal insuficiente frente a delitos cometidos por funcionarios públicos.

¿Qué otras propuestas se presentaron?

Además del reclamo puntual por Tucumán, la comisión de familiares acercó al ministro propuestas vinculadas a una agenda más amplia de derechos de las víctimas. Se habló de la necesidad de fortalecer la legislación en materia de seguridad vial, mejorar los mecanismos de acompañamiento a familiares y reforzar el rol del Estado frente a causas judiciales con demoras o irregularidades. En el plano local, Lebbos también solicitó que desde Nación se impulse ante Tucumán una mejor aplicación de las leyes provinciales de asistencia a víctimas del delito y de protección de testigos.

¿Cómo fue la respuesta del ministro?

Tras el encuentro, Lebbos se mostró conforme con la recepción del planteo. Según expresó, tanto Mahiques como su equipo mostraron “muy buena predisposición” y una respuesta favorable para analizar las propuestas presentadas. La reunión dejó abiertos dos planos: el impulso a reformas penales más severas para funcionarios públicos condenados y un reclamo inmediato para Tucumán: que alguien revise qué pasó con las causas derivadas del encubrimiento del crimen de Paulina y por qué, a veinte años del hecho, todavía hay expedientes sin respuestas claras.