Operativo en el Río Salí: el Gobierno de Tucumán intimó desalojos por ocupaciones irregulares

El Gobierno de Tucumán ejecutó un operativo para intimar el desalojo de ocupaciones irregulares en los márgenes del Río Salí, específicamente en el sector suroeste del puente Lucas Córdoba. La medida, que responde al plan “tolerancia cero” contra usurpaciones de tierras fiscales, busca prevenir riesgos ante eventuales crecidas del río y garantizar la seguridad de las personas. La acción fue coordinada por la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección de Catastro.

¿Qué encontraron en la zona de ribera?

Las actuaciones administrativas previas constataron la existencia de construcciones emplazadas dentro de la línea de ribera y en zona de riesgo hídrico. Raúl Ferrazzano, fiscal de Estado Adjunto, explicó que estas situaciones comprometen la seguridad de personas y bienes, además de afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico provincial.

El operativo se enmarca dentro de la política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. Ferrazzano destacó que el objetivo es preservar el espacio público y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental.

Un despliegue interdisciplinario en el lugar

En el lugar se hicieron presentes, además del Fiscal de Estado Adjunto, el director de Catastro, Alejandro Navarro, junto a los funcionarios Hugo Vitale (de la Fiscalía) y Juan Pablo Occhipinti (de la DPA). El operativo contó también con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia para proceder a las notificaciones correspondientes.

Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que estas acciones buscan, fundamentalmente, prevenir riesgos ante eventuales crecidas del río Salí. La presencia de construcciones en la línea de ribera no solo viola la ley, sino que pone en peligro a quienes las habitan y al sistema de drenaje general.

Las imágenes del operativo muestran a los funcionarios recorriendo la zona y realizando las intimaciones en el terreno. La medida aplica para todas las ocupaciones detectadas que se encuentren dentro de la franja de protección del cauce, un área crítica para la gestión hídrica y la seguridad de toda la comunidad.