Operación millonaria en el sur tucumano se derrumba tras un histórico procesamiento judicial

La Justicia Federal procesó al dueño de un emblemático ingenio tucumano por una presunta asociación ilícita, ordenando un embargo millonario. Este fallo judicial terminó por derrumbar una operación comercial que prometía cambiar el mapa azucarero del sur provincial. ¿Qué detalles ocultos de la investigación espantaron a los inversores?

Por infotucuman · 15/03/2026 · min de lectura
Operación millonaria en el sur tucumano se derrumba tras un histórico procesamiento judicial

Un fallo judicial que sacude los cimientos del sector azucarero tucumano terminó por frustrar una de las operaciones comerciales más ambiciosas de los últimos tiempos. El procesamiento del empresario Ricardo Sixto Ansonnaud, dueño del ingenio La Trinidad, generó un escenario de riesgo legal que paralizó las negociaciones para vender el histórico establecimiento a Santiago Blaquier, quien buscaba crear un gigante industrial en la provincia.

El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez no solo procesó a Ansonnaud como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria, sino que también ordenó un embargo preventivo por la friolera de $1.000 millones sobre sus bienes. Esta decisión judicial actuó como un balde de agua fría para el proyecto de integración que Blaquier venía impulsando a través de su empresa, Ingenios de Tucumán SA.

¿En qué consistía el megaproyecto azucarero?

El plan empresarial era claro y ambicioso: adquirir el ingenio La Trinidad para fusionarlo con el ingenio Concepción, que Blaquier ya había comprado a fines del año pasado. La unión de estos dos complejos agroindustriales ubicados en el sur provincial aspiraba a crear una potencia capaz de moler aproximadamente 5.5 millones de toneladas de caña por zafra.

De haberse concretado, esta fusión habría dado a luz al actor más grande del sector sucroalcoholero en toda la región. Sin embargo, la sombra de la causa judicial fue más larga que las proyecciones comerciales.

¿Qué investiga la Justicia Federal?

La investigación se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, hoy conocido como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El foco está puesto en presuntas maniobras de evasión impositiva, retención indebida de aportes a la seguridad social y otras irregularidades en la comercialización de azúcar.

Según la resolución del magistrado, existiría una estructura organizada que operó durante años, al menos desde 2010, para mantener en funcionamiento el ingenio mientras se eludían sistemáticamente las obligaciones fiscales y previsionales. La estrategia habría involucrado el uso sucesivo de distintas sociedades comerciales.

Entre las firmas mencionadas en el expediente figuran MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. La hipótesis fiscal sostiene que estas estructuras se utilizaron para continuar la actividad productiva mientras las empresas anteriores quedaban en situación de insolvencia frente al fisco.

Un hallazgo clave durante allanamientos

Uno de los elementos más contundentes de la pesquisa surgió durante allanamientos realizados en agosto de 2018. En esa ocasión, los investigadores descubrieron un depósito no declarado que contenía nada menos que 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, todas sin el respaldo documental correspondiente.

El fallo judicial destaca que la empresa había negado previamente la existencia de ese stock oculto. Este hallazgo se suma a otras maniobras bajo investigación, como ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares y la contratación de personal no registrado.

¿Quiénes más fueron procesados?

Además de Ansonnaud, el juez Díaz Martínez procesó a otras cuatro personas, consideradas presuntos integrantes de la organización. Se trata de Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata.

Para cada uno de estos imputados, la Justicia ordenó embargos preventivos por $700 millones sobre sus respectivos patrimonios. El delito de asociación ilícita tributaria conlleva penas severas: de tres años y seis meses a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quienes sean considerados jefes u organizadores.

Es crucial entender que se trata de una figura penal autónoma. Esto significa que, incluso si las deudas fiscales se regularizaran en el futuro, la responsabilidad penal por la presunta organización delictiva seguiría su curso.

¿Qué pasará ahora con el ingenio La Trinidad?

El procesamiento es una instancia intermedia y puede ser apelado. De hecho, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, ya adelantó que recurrirán la decisión judicial por considerarla revisable.

No obstante, el daño comercial ya está hecho. Fuentes del sector azucarero tucumano confirmaron a este medio que la millonaria operación con Blaquier está virtualmente caída. El sueño de consolidar un nuevo coloso industrial en el sur de Tucumán queda, por ahora, en un congelador profundo, atrapado en los laberintos de la Justicia Federal.

El caso no solo marca un antes y un después para el histórico ingenio La Trinidad, sino que envía un fuerte mensaje a todo el entramado empresarial provincial sobre los límites y los riesgos de operar al margen de la ley.

También puede interesarle

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Publicidad