Once militares ecuatorianos condenados a 35 años por desaparición y muerte de cuatro adolescentes

Un tribunal de Guayaquil impuso condenas de casi 35 años de prisión a once uniformados de la Fuerza Aérea por la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores. Los cuerpos de las víctimas, de entre 11 y 15 años, fueron hallados calcinados con signos de tortura.

La justicia ecuatoriana dictó una sentencia histórica contra miembros de las fuerzas armadas por un crimen que conmocionó al país. Un tribunal de la ciudad portuaria de Guayaquil sentenció a once militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a 34 años y 8 meses de cárcel para cada uno, tras hallarlos culpables como autores directos del delito de desaparición forzada de cuatro adolescentes. La Fiscalía General del país informó el fallo este lunes.

Los hechos ocurrieron cuando los cuatro jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 15 años, salieron a jugar al fútbol en un sector de Guayaquil. Según testimonios de sus familiares y material audiovisual presentado como prueba, una patrulla de la FAE los detuvo. Posteriormente, en la víspera de la Navidad de 2024, sus cuerpos fueron encontrados incinerados, con impactos de bala en la cabeza y evidencias de haber sido torturados.

Condenas diferenciadas y reacción gubernamental

En la misma resolución de primera instancia, el tribunal impuso penas menores a otros cinco agentes que colaboraron con la investigación. Estos recibieron condenas de 30 meses de prisión. Un séptimo uniformado que también fue procesado resultó declarado inocente. La información sobre las sentencias fue difundida por la Fiscalía a través de la red social X.

Tras conocerse el veredicto, el gobierno del presidente Daniel Noboa se pronunció. A través de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, expresó su “compromiso con la no repetición” de este tipo de hechos y de respetar los derechos humanos. Morillo calificó la sentencia en la misma red social como “un paso definitivo para la verdad y la justicia”, añadiendo que “nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado”.

Pruebas contundentes y contexto de “mano dura”

El juicio reveló pruebas audiovisuales escalofriantes. Durante las audiencias se divulgó un video en el que se observa claramente a uno de los militares golpear con su fusil a uno de los menores detenidos. También se reveló que otro agente realizó un disparo a aproximadamente 80 centímetros de la cabeza de una de las víctimas.

Este caso se enmarca en un contexto nacional de crecientes denuncias por abusos de las Fuerzas Armadas. Desde 2024, los militares están desplegados en las calles como parte de una política oficial de “mano dura” contra el narcotráfico y el crimen organizado. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han señalado un aumento de los excesos. Esta organización indicó durante el proceso que “las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad”.

Disculpas públicas y cifras alarmantes

La presión de la justicia llevó incluso a que, en el mes de enero, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreciera disculpas públicas a nombre de la institución castrense, siguiendo un pedido formal del tribunal.

Las dimensiones del problema trascienden este caso específico. De acuerdo con datos de Amnistía Internacional citados en el proceso, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de alrededor de cincuenta personas desde 2023, año en que comenzó el mandato del presidente Noboa. El fallo contra los once militares se erige así como un precedente judicial en medio de un clima de alta tensión por el rol de las fuerzas de seguridad en el país.

Fuente: AFP y AP

PB