Obras sociales al borde del colapso: el dato financiero que nadie quiere ver

La CGT lanzó un documento que sacude los cimientos del sistema de salud argentino. Advierten que las obras sociales sindicales están al borde del colapso financiero y que el modelo actual es insostenible. El diagnóstico es claro: el aporte mensual promedio por trabajador no alcanza ni para cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Según el análisis, el aporte per cápita promedio es de $67.525, mientras que el PMO cuesta unos $85.000 por persona. La diferencia es abismal y, lo que es peor, el 67% de los trabajadores está por debajo de ese promedio. Es decir, la mayoría de los afiliados genera ingresos insuficientes para financiar las prestaciones básicas.

¿Qué dice la CGT sobre el Fondo Solidario?

El documento también apunta contra el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), conformado por el 15% de los aportes. Denuncian que esos fondos se reparten con criterios arbitrarios en lugar de usarse para tapar el agujero financiero del sistema. La CGT sostiene que ese dinero debería destinarse a elevar los aportes de las familias de menores ingresos.

Además, los sindicalistas confiesan que tienen que usar la caja de los aportes sindicales compulsivos para pagar prestaciones médicas que las obras sociales no pueden cubrir. Una situación que describen como insostenible.

El rol de las prepagas en el descreme del sistema

Desde 1996, las empresas de medicina prepaga entraron al sistema a través de las llamadas “obras sociales derivadoras”. Se llevan al 33% de los trabajadores con mayores ingresos, ofreciéndoles planes con mayor accesibilidad y confort. Es el famoso “descreme”: se quedan con la parte más rica de la torta.

Con la llegada de Javier Milei, se eliminó la intermediación de muchas de esas derivadoras. El resultado quedó al desnudo: hoy, 50 prepagas se quedan directamente con el 36% de la recaudación total del sistema, mientras que 290 obras sociales se reparten el 64% restante. No son nuevas ganancias para las prepagas, sino la foto real de cómo estaba estructurado el sistema detrás del velo de la derivación.

¿Cómo se sale de esta crisis?

El PMO fue creado en 1996 como un listado de prestaciones básicas, pero sucesivas leyes lo fueron ampliando hasta incluir servicios sociales para discapacidad, adicciones y salud mental. El listado se volvió no taxativo, incorporando innovaciones médicas como los medicamentos biológicos, lo que lo hizo inalcanzable para el trabajador común.

La propuesta de la CGT es clara: reordenar el PMO, sacando de su órbita los servicios sociales (discapacidad, adicciones, salud mental) para que sean financiados por el Estado a través de organismos como la Secretaría Nacional de Discapacidad o Sedronar. Las innovaciones médicas costo-efectivas deberían ser evaluadas por la CONETEC y financiadas con rentas generales.

En paralelo, proponen usar el 100% del FSR para elevar los aportes de los trabajadores de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios arbitrarios. Solo así se podría empezar a cerrar la brecha entre el costo del PMO y los aportes reales.