Nuevo giro en el crimen de Érika: la investigación apunta a un oscuro vínculo con el narco

La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez dio un vuelco inesperado con una hipótesis que conecta el caso con el narcotráfico, mientras el principal acusado enfrenta cargos más graves. La Justicia revocó beneficios y la querella busca llevar el expediente al fuero federal.

La semana judicial comenzó con decisiones contundentes. El lunes, la Justicia resolvió que Felipe “El Militar” Sosa deberá responder por el crimen bajo la calificación de femicidio, endureciendo su panorama legal. En la misma audiencia, se revocó su sobreseimiento en una causa por estupefacientes, sumando presión sobre su situación procesal.

¿Una conexión con el tráfico de drogas?

En paralelo, la querella impulsada por la familia de la víctima abrió un nuevo frente. El abogado Carlos Garmendia anunció que realizará una presentación ante el fiscal federal Agustín Chit para que investigue una posible conexión del caso con el narcotráfico. “Voy a poner en conocimiento al fiscal federal sobre determinadas circunstancias que surgieron durante la investigación”, explicó el letrado.

Hasta ahora, la teoría del fiscal Pedro Gallo sostiene que Érika fue asesinada el martes 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Además del principal acusado, están procesados por encubrimiento Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge “Chicho” Díaz.

La figura clave de “El Paraguayo”

La nueva línea de investigación no se basa en pruebas directas del homicidio, sino en elementos colaterales. Garmendia puso el foco en Carlos Ferreyra, alias “El Paraguayo” o “El Mayor”, con quien la víctima habría mantenido una relación sentimental.

Ferreyra tiene antecedentes por liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana y fue detenido en 2021 en Alberdi. Tras recuperar la libertad, habría regresado a Tucumán en 2023. El abogado sostiene que Érika podría haber sido utilizada como nexo en reuniones vinculadas al tráfico de drogas, incluso con la posible participación de efectivos policiales, y asegura contar con una fotografía como prueba, tomada en una vivienda de El Cadillal.

La pista de las drogas sintéticas y las fiestas electrónicas

Otra línea apunta directamente a Sosa. La querella y testimonios en la causa sugieren que el imputado podría haber tenido participación en la comercialización de drogas sintéticas, particularmente en el circuito de fiestas electrónicas.

Esta hipótesis se apoya en la declaración de Justina Gordillo, quien afirmó que sabía que su ex pareja vendía éxtasis desde hacía al menos dos años. Además, circula la versión de que Sosa habría sido proveedor de una organización liderada por César Fernández Facio, procesado por distribución de este tipo de sustancias. Investigadores no descartan que el acusado, en su rol empresarial, haya utilizado personal de su entorno para la venta en estos eventos.

El testimonio clave y la caja de herramientas

El relato más comprometedor provino de Nicolás Navarro Flores, imputado por encubrimiento. Declaró que el mismo 7 de enero recibió de Sosa una piedra de cocaína —estimada en 200 gramos— junto a una caja de herramientas cerrada con candado. Según su versión, tras la detención de Sosa decidió abrirla y encontró en su interior troqueles de drogas sintéticas, que luego arrojó al inodoro.

Sus defensores confirmaron esa versión y señalaron que están dispuestos a entregar la caja para peritajes. Desde otras defensas, como la de Juan Pablo Bello, abogado de “Chicho” Díaz, se relativizó el alcance de estas revelaciones, aclarando que su defendido no tenía conocimiento de esa posible actividad.

Los abogados de Felipe Sosa evitaron pronunciarse sobre el pedido de la querella, aunque reiteraron que su asistido no estaba vinculado al narcotráfico y que padecía problemas de adicción.

La causa se encuentra así en un punto de inflexión. Mientras la imputación por femicidio consolida la acusación principal, la aparición de indicios vinculados al circuito de drogas abre un frente paralelo que podría trasladar parte de la investigación al fuero federal. El desafío para la Justicia será delimitar qué elementos forman parte del crimen y cuáles corresponden a un entramado más amplio que, por ahora, se insinúa pero aún no ha sido plenamente probado.