Nuevo capítulo en la causa por enriquecimiento ilícito: investigan un presunto viaje al Caribe del funcionario

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo y ahora apunta a un presunto viaje al Caribe que no había trascendido hasta ahora. En los tribunales federales ya circula información sobre una posible estadía del funcionario en Aruba junto a su familia a fines de 2024, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py.

El expediente está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que avanza con una serie de medidas de prueba para reconstruir el nivel de gastos, viajes y operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Según trascendió, aunque ese supuesto paso por la isla caribeña todavía no aparece acreditado formalmente dentro de la causa, los investigadores ya tendrían datos sobre ese desplazamiento y buscan determinar si efectivamente ocurrió, cómo se financió y si guarda relación con el resto de los movimientos patrimoniales bajo análisis.

¿Qué otros viajes están bajo la lupa?

La novedad se suma al ya controvertido viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado y a su estadía en Nueva York, episodios que encendieron alarmas políticas y judiciales por el nivel de gastos asociados a su estilo de vida desde que asumió en el Gobierno de Javier Milei.

Cuando se conoció el viaje a Uruguay, el funcionario intentó bajarle el tono al escándalo y sostuvo públicamente que no existía “ninguna inconsistencia” en su situación patrimonial. Incluso afirmó que en un año y medio ese había sido, según su propia versión, “lo único” que hizo con sus hijos. Sin embargo, si se confirma ahora una escapada al Caribe, ese argumento empezaría a quedar seriamente debilitado.

¿Cómo se investiga el viaje a Aruba?

Uno de los datos que llamó la atención de la fiscalía es que la información de Migraciones no reflejaría un ingreso o egreso directo hacia Aruba. Lo que sí aparece registrado es un vuelo de salida hacia Perú y un regreso desde Ecuador, una secuencia que alimentó la sospecha de que el funcionario pudo haber utilizado una ruta alternativa para llegar al Caribe, aprovechando escalas o conexiones indirectas.

Ese informe migratorio forma parte de una de las primeras medidas de prueba que ordenó la fiscalía esta semana, en una etapa inicial que apunta a reunir documentación sobre bienes, gastos, movimientos financieros y operaciones patrimoniales del entorno familiar del funcionario.

¿Qué propiedades están siendo analizadas?

Pero el foco judicial no está puesto solamente en los viajes. Uno de los ejes centrales de la causa sigue siendo la compra de dos inmuebles que despertaron dudas sobre su financiamiento: un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En el caso del departamento de la calle Miró al 500, Adorni declaró haberlo adquirido por 230.000 dólares, asegurando que la operación fue posible gracias a un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras. Esa explicación es una de las que hoy está bajo la lupa judicial, no solo por el monto sino por las características inusuales de la operatoria.

Las mujeres que figuran como vendedoras son Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quien aparece en registros públicos vinculada a una editorial. La hipótesis que analiza la fiscalía es si esa operación fue genuina en los términos declarados o si detrás existió otra ingeniería financiera todavía no explicitada.

¿Quién es la figura clave en las operaciones inmobiliarias?

En esa línea, la semana próxima será clave: el fiscal Pollicita tiene previsto tomar declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino tanto en la compra del departamento de Caballito como en la adquisición de la casa de Indio Cua, esta última inscripta a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

La escribana aparece así como una figura central dentro del rompecabezas patrimonial, porque participó en dos de las operaciones más sensibles del entorno de Adorni. Antes de citarla, la fiscalía espera completar entre lunes y martes la recolección de documentación en los registros de la propiedad, con el objetivo de llegar al interrogatorio con más elementos concretos sobre las escrituras, hipotecas, montos declarados y eventuales inconsistencias.

¿Cuál es el próximo paso en la investigación?

Mientras tanto, en paralelo, los investigadores preparan una nueva batería de medidas para seguir profundizando el expediente. La causa todavía se encuentra en una fase preliminar, pero ya avanza sobre un terreno delicado: el contraste entre los ingresos declarados por el funcionario y el nivel de vida que exhibe.

En este tipo de investigaciones, la clave suele estar en el peritaje contable. Una vez reunida la documentación bancaria, registral y migratoria, los peritos deberán establecer si existen gastos, compras, viajes o movimientos patrimoniales que no puedan ser razonablemente explicados con los ingresos del matrimonio.

Ese estudio será determinante. Si de allí surge que hay bienes o erogaciones sin sustento económico suficiente, la fiscalía podría intimar a Adorni a justificar el origen del dinero. Y allí aparece un punto jurídico central: en los casos de enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba se invierte. Es decir, no alcanza con que la Justicia sospeche; el funcionario debe explicar y demostrar que su patrimonio tiene respaldo legal y compatible con sus ingresos.

Si esa eventual justificación no convence, el paso siguiente podría ser mucho más serio: un pedido de declaración indagatoria. Aun así, en los tribunales advierten que ese escenario todavía no es inmediato, porque primero deben consolidarse pruebas documentales y periciales.

¿Qué impacto político tiene este caso?

Por ahora, el expediente sigue creciendo a ritmo constante y cada semana aparecen nuevos datos que agravan el cuadro político del funcionario. Aunque el Gobierno decidió sostenerlo públicamente y blindarlo con una agenda cargada de actividades oficiales, en la Justicia ya no observan el caso como un episodio aislado, sino como una investigación patrimonial de mayor alcance.

En ese contexto, el nombre de Adorni volverá a quedar en el centro de la escena el próximo 29 de abril, cuando deba presentarse en el Congreso para brindar su informe anual ante los diputados. Allí lo espera una sesión que promete ser incómoda: hay miles de preguntas acumuladas y, entre ellas, seguramente estarán sus propiedades, sus vuelos y ahora también sus presuntas vacaciones en Aruba.