Municipalidad clausura natatorio de barrio Sur tras muerte de joven con discapacidad

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ordenó el cierre definitivo de la pileta del IND en Congreso 669, donde Gabriel Palavecino murió ahogado en noviembre. La medida, tomada casi dos meses después de la tragedia, responde a la falta de habilitación municipal obligatoria para su funcionamiento, mientras la causa judicial avanza para determinar responsabilidades.

Una muerte evitable por falta de control

Gabriel Sebastián Palavecino, de 32 años y con retraso madurativo, falleció por asfixia por inmersión durante una clase de natación. Según la investigación, el joven permaneció sumergido alrededor de cinco minutos sin que el personal del lugar interviniera. Las cámaras de seguridad del natatorio, cuyas imágenes integran la causa, no registraron la presencia de un guardavidas en el sector ni una asistencia inmediata.

La autopsia confirmó que la causa del deceso fue asfixia por inmersión. La familia del joven había contratado un acompañante profesional para las clases, que se realizaban por recomendación médica. Sin embargo, denunciaron que el establecimiento nunca solicitó estudios médicos previos ni evaluó su condición, pese a que Palavecino no sabía nadar con soltura.

Denuncia por abandono de persona y graves irregularidades

El abogado de la familia, Marco Rossi, presentó una denuncia penal y calificó el hecho como un caso de abandono de persona. “La muerte de Gabriel se podría haber evitado. No hubo asistencia, no hubo control y no hubo protocolos mínimos de seguridad”, afirmó el letrado. La causa se tramita en la Fiscalía de Homicidios I y, hasta el momento, no hay imputados.

La familia adelantó que, además de la acción penal, iniciará acciones civiles contra los responsables del natatorio. El establecimiento, que dependía del Instituto Nacional de Deportes, operaba en la calle Congreso al 600, en pleno barrio Sur de la capital tucumana.

Exigencias de seguridad que no se cumplieron

En San Miguel de Tucumán, todas las piletas de natación deben regirse por la Resolución 508/SPS/2020. Esta normativa exige, de manera imperativa, la habilitación municipal, personal capacitado como guardavidas, controles médicos para los usuarios, análisis periódicos del agua, infraestructura adecuada y planes de higiene y seguridad.

La clausura dispuesta por el municipio se basó puntualmente en la ausencia de esa habilitación comercial, un requisito fundamental que el lugar nunca obtuvo. La medida administrativa se produce en paralelo a la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias precisas de la muerte del joven.

El trágico episodio ocurrido en noviembre de 2025 pone en evidencia los riesgos de que establecimientos deportivos funcionen al margen de los controles y las normativas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad.