Multas por menstruar y una red piramidal: el macabro negocio de una banda que explotaba mujeres en San Juan

El fiscal federal Fernando Alcaraz pidió 12 años de prisión para los líderes de una organización que explotó sexualmente a al menos 37 mujeres a través de estudios webcam en San Juan, con pagos en criptomonedas y descuentos absurdos como “multas por menstruar”.

El pedido de condena alcanza al abogado Gustavo Antonio de la Fuente y al colombiano John Sebastián Quevedo Medina, quienes entre marzo de 2022 y julio de 2024 montaron una estructura para producir y vender contenido erótico en vivo.

¿Cómo captaban a las víctimas?

Las mujeres eran reclutadas con falsas promesas de trabajo como modelos para la firma “Belle Argentina”. Los acusados publicaban anuncios en Facebook e Instagram con frases como “no le tengas miedo a la explicitez” o “estás a un paso de que te pueda cambiar la vida. Escribinos”.

También repartían tarjetas promocionales y ofrecían comisiones por sumar nuevas integrantes, creando un sistema piramidal. Una vez dentro, las víctimas eran alojadas en departamentos donde se realizaban entrevistas, capacitaciones y las transmisiones.

El infierno detrás de las cámaras

Las mujeres debían transmitir siete horas por día, seis días a la semana, en habitaciones numeradas con el cartel “room” en la puerta. Los usuarios pagaban con tokens y criptomonedas en billeteras virtuales, y los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias.

Además, aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como “horas incumplidas”, “cansancio”, “llegadas tarde” y hasta “menstruación”. Solo tenían un día al mes sin penalización por ese motivo. La explotación incluía dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia por los clientes.

El rol del líder y el pedido de condena

Según la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, De la Fuente era el jefe de la organización, encargado de los pagos y de dar una apariencia de legalidad mediante contratos. “Se aprovecharon de la pobreza estructural de las víctimas”, afirmó.

El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, una reparación integral de más de 1.152 millones de pesos, y la eliminación de todo el contenido de las plataformas digitales. El veredicto se conocerá el 2 de julio.