Multas de hasta $9,5 millones: el nuevo Código Ambiental que pone en alerta a infractores en la capital

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en el debate de un nuevo Código Ambiental que propone sanciones récord de hasta $9,5 millones para quienes cometan infracciones contra el medio ambiente. La iniciativa busca combatir la contaminación, la mala gestión de residuos, el deterioro de espacios públicos y el desorden urbano, con multas que van desde los $8.000 hasta montos millonarios.

¿Qué conductas serán más castigadas?

El proyecto establece un régimen sancionatorio para problemáticas recurrentes como basurales, quema de residuos, contaminación sonora y disposición ilegal de escombros. La creación de microbasurales podría costar entre $190.000 y $770.000, mientras que acumular chatarra en terrenos baldíos sería penado con cerca de $380.000. Depositar residuos fuera del horario permitido implicaría multas de hasta $96.000.

Los grandes generadores de residuos —aquellos que producen más de 30 kilos diarios— deberán inscribirse en un registro, separar en origen y contratar recolección diferenciada. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones de hasta $960.000.

Quema de residuos y protección del agua

La quema de residuos es una de las conductas más severamente castigadas, con multas de hasta $575.000 que se duplicarían en caso de reincidencia, además de la posible clausura de la actividad. En cuanto a los recursos hídricos, se prohíbe llenar piscinas con agua potable sin medidor. Para piletines de hasta tres metros cúbicos se exigirá un cupón de consumo extraordinario, y las piscinas más grandes deberán abastecerse con camiones cisterna. Las infracciones podrían ser castigadas con hasta $575.000.

Arrojar residuos en ríos, canales o desagües podría derivar en sanciones de hasta $1,1 millón, y si se trata de vertidos de líquidos industriales, la multa máxima ascendería a $1,9 millón.

Ruidos molestos, publicidad y tenencia de mascotas

La contaminación sonora y visual también está en la mira: emitir ruidos molestos, usar amplificadores sin permiso o colocar publicidad no autorizada podría costar entre $95.000 y $1,5 millón. En cuanto a la tenencia responsable de animales, no recoger excrementos de mascotas será sancionado con multas de entre $8.000 y $40.000, que se duplicarían si se reincide.

Generar olores ofensivos implicaría multas de hasta $190.000, y no limpiar los tanques de agua podría costar hasta $290.000. El proyecto también incluye disposiciones sobre seguridad alimentaria y sanitaria.

Espacios verdes y comercio ilegal

La tala o poda sin autorización podría generar multas cercanas a los $700.000. También se penalizaría instalar estructuras, fogatas o campamentos en plazas y parques sin permiso. La venta ambulante y la instalación de ferias sin habilitación serían castigadas con sanciones de entre $95.000 y $380.000, además del decomiso de mercaderías.

Dañar árboles, canteros o mobiliario urbano vinculado al ambiente podría costar hasta $190.000. Las obras de construcción deberán evitar la dispersión de polvo: las multas por no hacerlo van de $290.000 a $960.000. Si los vehículos de obra ensucian calles o desagües, la sanción podría alcanzar los $1,5 millón, más la obligación de limpiar.

Residuos de construcción y cableado en desuso

Disponer indebidamente residuos de construcción o mezclarlos con domiciliarios podría costar hasta $1,5 millón. Las empresas de servicios que mantengan cableado aéreo en desuso podrían recibir multas de hasta $1,1 millón, además de la suspensión de licencias. El goteo de equipos de aire acondicionado también será infracción, con penalidades cercanas a los $190.000.

Para calcular las sanciones, el proyecto crea la Unidad de Multa (UM), cuyo valor estará vinculado al precio de un litro de nafta súper de YPF en la estación del ACA de San Miguel de Tucumán. Las multas ordinarias no podrán superar los $1,9 millón por infracción, pero en casos de especial gravedad —como daño ambiental significativo o intencionalidad— podrían elevarse hasta los $9,5 millones.

Finalmente, las penalidades se aplicarán bajo criterios de proporcionalidad, evaluando el daño, la reincidencia, las condiciones del infractor y el beneficio económico obtenido.