Monteros pone un límite a Molinuevo: intimación legal por acusaciones “falsas y maliciosas”

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, tomó una medida drástica contra la diputada nacional Soledad Molinuevo. Le envió una carta documento exigiendo una retractación pública en 24 horas por vincularlo con “la mafia tucumana” y con un ataque a otro legislador, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales. El conflicto escaló tras las declaraciones de la parlamentaria en medios nacionales.

La comunicación formal cuestiona específicamente las afirmaciones hechas por Molinuevo el pasado 11 de marzo. Ese día, la diputada utilizó el canal LN+, su cuenta en la red social X y entrevistas radiales para lanzar graves imputaciones.

Según la carta, Molinuevo afirmó que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior”. Además, la legisladora habría vinculado a Monteros con la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli.

¿Qué pide exactamente el ministro?

Desde la cartera que conduce Monteros se remarcó con firmeza que dichas acusaciones son “absolutamente falsas, maliciosas y carecen de cualquier tipo de sustento”. El documento sostiene que estas declaraciones constituyen una grave afectación al honor, la trayectoria pública y la investidura institucional del funcionario.

Por ello, la intimación es clara y contundente. Monteros exige a la diputada que cese de inmediato con el hostigamiento y las imputaciones que considera falsas. El plazo para cumplir con lo solicitado es perentorio: solo 24 horas.

La retractación, según lo exigido, debe realizarse públicamente y por los mismos medios utilizados para realizar las acusaciones. Esto incluiría, en teoría, una declaración en un medio de alcance nacional y la eliminación de las publicaciones difamatorias en sus redes sociales.

Las consecuencias de no retractarse

La carta no deja lugar a dudas sobre los pasos a seguir si Molinuevo no accede a la retractación. El Ministerio del Interior advierte que, en ese caso, se iniciarán acciones judiciales por los delitos de calumnias e injurias.

Además de la vía penal, Monteros anticipa que presentará una demanda civil por daños y perjuicios. Este aspecto introduce una variable económica y reparatoria al conflicto.

En un gesto que busca marcar una clara distancia con las acusaciones, el ministro anunció el destino de una eventual indemnización. Aseguró que todo monto que se obtenga de un fallo favorable será destinado a las familias afectadas por las inundaciones en La Madrid, una de las localidades más golpeadas por el reciente temporal.

Monteros contextualizó el conflicto en un momento complejo para la provincia. Señaló que estas acusaciones se producen mientras el Gobierno tucumano está abocado de manera permanente a asistir a las víctimas de las inundaciones y a coordinar operativos de emergencia en el interior.

“La crítica política es legítima en democracia, pero las acusaciones falsas y las difamaciones no pueden ser toleradas”, se lee en el párrafo final de la comunicación, estableciendo el límite entre la disputa partidaria y lo que el ministro considera un ataque personal sin fundamento.