Mientras negocian con rectores, el Gobierno ya prepara una nueva ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei no se rinde con la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque está a punto de firmar un acuerdo con los rectores para recomponer salarios y partidas durante 2026, en la Casa Rosada ya planean impulsar una nueva norma durante el debate del Presupuesto 2027.

La estrategia oficial se apoya en un escenario judicial abierto: si la Corte Suprema falla en contra del Ejecutivo, la administración libertaria quedaría obligada a aplicar la ley vigente, a la que cuestiona por no identificar una fuente de financiamiento específica. En Balcarce 50 advierten que ese eventual fallo se daría en un contexto de ajuste fiscal y menor margen de recaudación.

¿Qué pasa con la demanda judicial?

Las universidades, por ahora, no retirarán la demanda ante la Corte. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que el acuerdo económico en negociación no implica desistir del reclamo. El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal después de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que favorecía a las casas de estudio.

El acuerdo entre el Gobierno y el CIN está previsto para este martes por la tarde, aunque en despachos oficiales aclaran que todavía no hay una definición cerrada. Se negocian los términos finales del acta, el alcance de la recomposición y la forma legal de dejar constancia del entendimiento sin que implique retirar el reclamo judicial.

Según fuentes universitarias, la propuesta contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%. El esquema prevé una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. La actualización incluye la recomposición del desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo.

El acta también prevé convocar a la negociación paritaria con docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario. Ese punto es uno de los reclamos centrales de los gremios universitarios, que vienen cuestionando la falta de una instancia regular de negociación salarial.

Además, se acordó una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026, un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios durante este año y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.

En el Ejecutivo buscan presentar el entendimiento como una salida para descomprimir el conflicto universitario sin resignar el planteo de fondo contra la ley aprobada por el Congreso. En la Casa Rosada sostienen que la norma vigente impacta sobre el gasto sin precisar los recursos necesarios y que, por eso, debe discutirse dentro del marco general del Presupuesto.

El antecedente más cercano fue la propuesta alternativa que el Gobierno había trabajado durante el verano. En ese texto, el Ejecutivo planteaba no insistir con la derogación total del financiamiento educativo, sino introducir modificaciones: un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, una actualización salarial escalonada, una revisión en junio para compensar eventuales diferencias con el IPC y el reconocimiento de aumentos en becas. Esa vía no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como referencia para la discusión del Presupuesto 2027.

La discusión también está atravesada por la última reestructuración presupuestaria. El Gobierno aplicó hace menos de un mes un recorte cercano a $2,5 billones, con impacto en educación, universidades, obras, subsidios y otros programas. En despachos oficiales comparan ese monto con el costo fiscal de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que calculan en un nivel similar. La decisión administrativa incluyó recortes en programas de la Secretaría de Educación, suspensión de transferencias de capital para infraestructura universitaria y bajas en partidas educativas. En Balcarce 50 lo enmarcan dentro del objetivo de cumplir las metas fiscales pactadas y preservar el resultado financiero del sector público.