Más de 150.000 denuncias por grooming en Argentina: Unicef lanza una guía clave para la Justicia

Un escalofriante récord: en 2024 se registraron más de 150.000 denuncias vinculadas con grooming y explotación sexual de menores en entornos digitales en Argentina, según datos del NCMEC. Frente a esta realidad, Unicef presentó una guía técnica para orientar a los operadores judiciales en la investigación de estos delitos.

Se trata de Investigar para proteger, un documento que busca dar respuesta a una problemática que crece sin freno: en 2016 hubo 8.840 reportes; en 2024, la cifra trepó a 120.162. En total, más de 437.390 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas, con 240.000 archivos involucrados.

¿Por qué es tan difícil investigar estos delitos?

Unicef advierte que internet eliminó las barreras físicas. Una víctima puede estar en una provincia, el agresor en otra y la evidencia en servidores del exterior. La prueba digital es volátil: puede borrarse, modificarse o perderse en minutos. Por eso, la guía propone tres pasos clave: identificar el hecho y encuadrarlo legalmente, resguardar la evidencia digital y localizar al sospechoso.

La fiscalía debe trabajar codo a codo con especialistas informáticos desde el primer momento. La cadena de custodia es fundamental para que la prueba no pierda validez. En casos de grooming, la familia suele tener chats, fotos o videos; la recomendación es aportarlos intactos y sin borrados parciales.

Deepfakes: el nuevo desafío de la Justicia

La guía, elaborada por la fiscal Daniela Dupuy, también alerta sobre los deepfakes: imágenes hiperrealistas creadas con inteligencia artificial que muestran a menores en situaciones sexuales que nunca ocurrieron. La Justicia ya no solo debe investigar quién compartió el archivo, sino si fue manipulado digitalmente. El problema se agrava porque en varios países de la región no hay legislación específica.

Además, se destaca la necesidad de cooperación internacional. Los agresores, las víctimas y los servidores pueden estar en distintos países, lo que exige mecanismos ágiles entre Estados, fuerzas de seguridad y proveedores de internet.