Manifestantes frente a Casa de Gobierno: ¿Qué cuestionan del fuero de Familia y las medidas cautelares?

Un grupo de ciudadanos autoconvocados y colectivos de padres se congregó este domingo en Plaza Independencia para exponer sus críticas al sistema judicial familiar. La movilización, que tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno, puso el foco en el funcionamiento del fuero de Familia y en la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia de género, según lo expresado por sus organizadores.

Los manifestantes buscan, según sus propias palabras, abrir una discusión pública sobre lo que consideran problemáticas graves. Entre sus principales señalamientos se encuentran las denuncias que califican como presuntamente falsas, la utilización de la perspectiva de género dentro de la Justicia y las dificultades para mantener los vínculos parentales cuando estallan conflictos familiares.

¿Cuál es la crítica central a la ley?

Durante la actividad, uno de los referentes, Hernán Rodríguez Salazar, explicó que la movilización intenta visibilizar una situación que, según él, también se registra en otros países. El grupo cuestionó de manera directa la aplicación de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Desde su perspectiva, esta normativa habilita a dictar medidas cautelares preventivas —como la exclusión del hogar o restricciones de acercamiento— que podrían adoptarse, en algunos casos, sin una investigación previa y exhaustiva. Rodríguez Salazar argumentó que estas decisiones judiciales pueden derivar en la interrupción prolongada del contacto entre padres e hijos.

La preocupación central, según planteó, es que estas medidas podrían mantenerse durante largos períodos mientras avanza el lento proceso judicial, generando un daño irreparable en la relación familiar.

El testimonio desde la plaza

En la concentración también tomó la palabra Gonzalo Pizarro, otro de los participantes. Afirmó que uno de los efectos más significativos de estas disposiciones judiciales es, precisamente, la ruptura del vínculo entre padres e hijos en medio de las disputas.

Pizarro agregó que, en su opinión, el sistema judicial enfrenta serias dificultades para determinar con rapidez y precisión cuáles denuncias tienen un sustento real y cuáles podrían resultar infundadas. Esta demora, según su visión, agrava las consecuencias para las familias.

Entre los principales reclamos expuestos durante la manifestación se destacó con fuerza la necesidad de garantizar el principio de igualdad ante la ley para todas las partes involucradas. En ese sentido, Pizarro fue claro al remarcar que la convocatoria no tenía como objetivo confrontar con ningún sector en particular, como organizaciones feministas o de mujeres.

“Nosotros no marchamos contra nadie, marchamos a favor de la justicia”, expresó frente a la Casa de Gobierno. Sostuvo que consideran urgente e indispensable impulsar un debate público amplio sobre la manera en que se aplican estas normas y sobre las profundas consecuencias que, según su mirada, generan dentro de los núcleos familiares atravesados por conflictos judiciales.

La movilización de este domingo dejó planteada una discusión compleja que involucra la protección de derechos, la dinámica de los fueros especializados y los efectos colaterales de las herramientas legales diseñadas para prevenir la violencia.