Los gobernadores exigen una respuesta: el sistema de salud público colapsa por una deuda millonaria

Una deuda que supera los miles de millones de pesos con las provincias está generando un colapso silencioso en los hospitales públicos, mientras los gobernadores elevan su voz para reclamar soluciones inmediatas. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula pagos pendientes que han obligado a los sistemas de salud provinciales a absorber una demanda cada vez mayor de pacientes, saturando sus recursos y generando tensiones con la Nación.

“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, declaró el gobernador Osvaldo Jaldo, quien reveló que la obra social le debe a su provincia la suma de $50.000 millones. Su reclamo se suma al del mandatario cordobés, Martín Llaryora, quien exigió: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”.

¿Cuál es el monto de la deuda?

En Córdoba, fuentes oficiales estiman que la deuda acumulada con municipios por medicamentos de alto costo alcanza los $9.000 millones. Además, la provincia calcula que PAMI le adeuda entre $1.700 millones y $1.800 millones mensuales desde octubre. Desde la obra social, sin proporcionar cifras detalladas, indicaron que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”.

Se barajó que el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó $150.000 millones para el PAMI, un monto que cubre apenas una parte de las necesidades. Mientras tanto, el escenario se repite en distintas jurisdicciones. En Santa Fe, por ejemplo, los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud provinciales.

¿Cómo afecta esto a los hospitales?

En Misiones, se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. La situación es aún más grave en Neuquén, donde dos de cada tres beneficiarios de la obra social se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.

“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, afirmó el ministro de Salud de esa provincia, Amílcar Dobladez. Detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos. En Mendoza, el sistema público se atiborra por la falta de turnos en las clínicas que atienden a los afiliados, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales.

En Tucumán, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que todos los días los hospitales provinciales absorben más de un centenar de internaciones correspondientes al PAMI. La deuda también contempla estudios, cirugías y atención ambulatoria, y la provincia está reclamando $35.000 millones a la Nación.

¿Qué dice el PAMI al respecto?

Frente a estos reclamos, Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social, intentó llevar tranquilidad: “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”. Aseguró que “no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”.

Sin embargo, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron un 41,3% en el primer trimestre. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explicó el economista Jorge Colina, de Idesa.

¿Cuáles son las causas estructurales?

Colina señaló que existe “un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”. Precisó que, a diferencia de países como Alemania u Holanda, en Argentina las obras sociales se desentienden de los jubilados a los 65 años, generando un sistema “perverso”.

La desaparición del impuesto PAIS el 23 de diciembre de 2024, que destinaba el 28% de su recaudación al PAMI, golpeó directamente el financiamiento. “El Tesoro debe girar ese dinero”, dijo Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI, quien agregó que “Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”.

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, esta crisis es “un proceso que veníamos advirtiendo hace meses”. Señaló que “están afectadas todas las prestaciones” y coincidió en que la obra social ha sido, históricamente, “una caja de la política”.

¿Qué reclaman los jubilados y médicos?

Los jubilados reportan esperas de meses para lograr estudios médicos o atención de especialistas, y se quejan de los “cupos” existentes. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”, indicando que ahora los centros solo pueden dar turnos en función de su capacidad prestacional declarada.

En las últimas semanas, la obra social también enfrentó un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, quienes rechazaron un recorte de sus ingresos. El PAMI resolvió aumentar la cápita de $900 a $2.100, pero eliminó los adicionales con los que llegaban a unos $5.500. Semino criticó que a cada profesional se le asignan entre 800 y 1.000 jubilados, “una cantidad que no pueden atender”.

Ocaña propuso adoptar un sistema híbrido de pago, combinando la cápita con incentivos al prestador, pero advirtió que “no puede ser que paguen el costo los jubilados”. Mientras tanto, en el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, tema que se espera sea incluido en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe realizar el 29 de este mes.