Los entes reguladores de Tucumán, Salta y Jujuy denuncian a TRANSNOA por los masivos cortes de luz
Los entes reguladores de Tucumán, Salta y Jujuy denunciaron a TRANSNOA ante el ENRE por los masivos cortes de luz. Exigen inversiones, oficinas de atención y sanciones por las fallas que dejaron sin servicio a cientos de miles.
Las autoridades de control de Tucumán, Salta y Jujuy elevaron un reclamo formal al ENRE por los graves cortes de energía que afectaron a cientos de miles de usuarios del NOA. La denuncia apunta directamente a la empresa TRANSNOA S.A., a la que acusan de deficiencias estructurales y falta de inversión en el sistema de transporte eléctrico regional.
Un reclamo conjunto ante el ente nacional
Carlos Saravia, del ENRESP de Salta; Mario Pizarro y Leopoldo Montaño, de Jujuy; y José R. Ascárate, interventor del ERSEPT de Tucumán, son los firmantes de la presentación dirigida al interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Dr. Néstor Lamboglia. La acción surge tras una serie de interrupciones masivas registradas entre el 22 y el 23 de enero de 2026.
Los reguladores advierten que han puesto en conocimiento en reiteradas oportunidades el estado de abandono y la falta de mantenimiento de las instalaciones operadas por TRANSNOA. La empresa, concesionaria del sistema de transporte de alta tensión, es regulada directamente por el organismo nacional.
El impacto concreto en cada provincia
En Salta, los cortes afectaron a 90.000 usuarios de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. La falla se originó en un interruptor de línea en la Estación Transformadora Libertador, lo que dejó fuera de servicio también las estaciones de Caimancito, Pichanal, Senda Hachada, Tartagal, Tabacal, Orán y Dragones por más de cinco horas.
La situación fue tan crítica que se debió solicitar formalmente el despacho de energía desde Bolivia para intentar paliar la inestabilidad. En Jujuy, las deficiencias en el tramo San Pedro-Ledesma dejaron sin suministro a más de 750.000 usuarios en localidades como Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua y San Pedro.
En Tucumán, la caída de cables de alta tensión entre Concepción y Aguilares sacó de servicio la Estación Transformadora Aguilares. Este incidente dejó a 60.000 usuarios sin luz eléctrica por más de cuatro horas, con una respuesta de la guardia de TRANSNOA que demoró más de dos horas en llegar.
Las exigencias concretas a la transportista
El petitorio presentado ante el ENRE es extenso y detallado. Los entes piden que se informe sobre los recursos que la empresa afecta a la reposición del servicio y los tiempos de respuesta ante emergencias. Exigen que TRANSNOA exponga medidas correctivas y planes de inversión para evitar la recurrencia de estas fallas.
Además, solicitan que se utilicen alternativas técnicas disponibles, como el mencionado suministro desde Bolivia, ante contingencias. Un punto clave es la obligación de que la transportista abra oficinas comerciales y de atención al público en la región, ya que actualmente los usuarios no tienen un canal directo para formular reclamos.
La presentación también intima a la empresa a que informe sobre la infraestructura disponible en las tres provincias y las inversiones previstas en el marco de la Ley 27.725. Finalmente, requieren que el ENRE informe sobre las multas impuestas a TRANSNOA por calidad de servicio entre 2019 y 2025.
Protección del usuario y función de control
Los reguladores fundamentan su legitimación para actuar en la necesidad de proteger las potestades de control y, fundamentalmente, de tutelar a los usuarios provinciales. Señalan que son los consumidores quienes pagan las tarifas que sostienen un servicio que no recibe la inversión ni el mantenimiento adecuados.
Denuncian que TRANSNOA no desmaleza las trazas de sus líneas, no cuenta con vehículos ni personal en zonas críticas y no mantiene con diligencia las instalaciones. Un dato revelador es que, durante todos los años de su concesión, nunca se le impuso una sanción.
El reclamo también pone en evidencia una falencia del sistema: la falta de una dependencia del ENRE en el NOA y de un canal accesible para que los usuarios afectados por la transportista puedan elevar sus quejas administrativas, un derecho constitucional que hoy se encuentra vulnerado.
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