Le dejaron dos balas en el escritorio: la amenaza mafiosa al funcionario que clausuró el bar del caso Agostina Vega

A un mes del femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló una amenaza que estremece: un funcionario municipal encontró dos balas sobre su escritorio después de clausurar el bar Punta Alvear en el centro de la ciudad.

El caso sacudió a Córdoba, donde la muerte de la adolescente de 14 años tiene como principal acusado al empleado municipal Claudio Barrelier y puso bajo la lupa al bar Wachitas. En una entrevista con Arriba Córdoba (Eldoce), Passerini contó que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones fue el blanco de la amenaza.

“Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio”, relató el intendente, y remarcó: “Antes de mi gestión, nadie lo tocaba”. El jefe comunal agregó: “Ese lugar se clausuró de manera definitiva, su propietario amenazó a nuestro funcionario y está denunciado penalmente”.

¿Qué pasó con el bar vinculado al femicidio?

Los vínculos directos de Barrelier con el local nocturno Wachitas desataron una crisis institucional. Como respuesta, el municipio creó una unidad ejecutora especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y al Ministerio de Seguridad para realizar operativos integrales sobre bares, boliches y locales nocturnos.

El objetivo es revisar más de 7.000 habilitaciones en apenas 90 días. La intención oficial es detectar irregularidades, cortar posibles circuitos de corrupción y reforzar los controles en una actividad históricamente cuestionada.

Una red de corrupción bajo la lupa

La investigación municipal apunta a una presunta red de corrupción entre inspectores públicos y empresarios de la noche. Passerini reveló que ya hay 119 agentes municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades, y que 91 de ellos ingresaron al Estado entre 2003 y 2007 como parte de supuestos pagos de favores a empresarios nocturnos.

“Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, remarcó el intendente, dejando en claro la resistencia interna que enfrenta el Ente de Fiscalización. En el último año, el organismo multiplicó los cierres de locales irregulares, pasando de 90 a 700 clausuras.

Para evitar que los bares clausurados reabran bajo otro nombre, el Ejecutivo municipal impulsa una reforma de las ordenanzas de Habilitaciones y Espectáculos Públicos en el Concejo Deliberante. El plan incluye la creación de un registro público y sanciones que alcanzarán tanto a los dueños de los comercios como a los propietarios de los inmuebles.

“Entiendo que esta es la oportunidad de terminar esta problemática”, concluyó Passerini, decidido a cortar con años de impunidad.