Las provincias reciben un golpe inesperado en sus finanzas y el motivo tiene a los gobernadores en alerta

La desaceleración económica nacional está golpeando con fuerza las arcas provinciales, reduciendo drásticamente los recursos que reciben a través de la coparticipación y obligando a replantear gastos y proyectos en todo el país. El inicio de 2026 presenta un escenario más ajustado para las finanzas locales, con transferencias automáticas de fondos que muestran una caída significativa, complicando la planificación presupuestaria y poniendo en riesgo servicios esenciales.

Según estimaciones de consultoras económicas, durante marzo las transferencias automáticas de fondos registraron una caída del 11,3% en términos reales respecto de febrero, según el relevamiento de Politikón Chaco. Esta tendencia descendente se mantiene desde el comienzo del año y responde, en gran medida, al menor dinamismo de la actividad económica.

Los recursos coparticipables provienen principalmente de la recaudación del IVA y del impuesto a las Ganancias, a los que se suman, en menor medida, tributos internos y a los combustibles. La merma en estos ingresos repercute de manera directa en todas las provincias, a diferencia de otras transferencias discrecionales como los aportes del Tesoro Nacional o las partidas destinadas a obra pública.

¿Cómo afecta esto a las provincias?

Desde distintas jurisdicciones advierten que la caída en los envíos complica la planificación presupuestaria. Funcionarios provinciales señalaron que el escenario obliga a revisar gastos, ralentizar proyectos de infraestructura e incluso postergar o eliminar iniciativas en ejecución.

El impacto no se limita a las administraciones provinciales: la menor coparticipación también reduce los recursos que reciben los municipios, con consecuencias sobre el financiamiento de servicios esenciales y el empleo público, como en áreas de salud, educación y seguridad.

En términos interanuales, el reparto de fondos registró una caída del 7,4% en términos reales, mientras que la comparación mensual arroja un retroceso del 11,3%. Si se incorporan compensaciones derivadas del consenso fiscal, los descensos se moderan a 4,3% interanual y 9,9% mensual. Sin embargo, los analistas coinciden en que la medición mensual resulta más representativa del impacto inmediato sobre las cuentas públicas.

¿Qué dicen los expertos sobre esta situación?

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, vinculó este proceso con problemas estructurales de la economía. Según explicó, la caída en el empleo formal y su reemplazo parcial por trabajo informal afecta la recaudación, al tiempo que la pérdida de poder adquisitivo reduce la actividad en comercio e industria, sectores que explican cerca del 60% de los ingresos por IVA.

El balance del primer trimestre de 2026 confirma esta tendencia: el envío de recursos a las provincias acumuló una caída del 6,4% real, ubicándose como el segundo peor registro desde 2018, solo superado por el desempeño de 2024. En paralelo, los datos de Analytica muestran que en el último año la recaudación del IVA retrocedió un 4%, la de Ganancias un 12,8% y los impuestos internos un 14,3%.

Aunque no hay cifras oficiales recientes de actividad para marzo, mediciones privadas reflejan señales mixtas. Algunas estimaciones indican caídas mensuales de entre 0,5% y 1%, mientras que otros indicadores registran leves mejoras. Este comportamiento errático contribuye a la incertidumbre en la evolución de los ingresos fiscales.

¿Qué pasa con el gasto público provincial?

El escenario se agrava por la dinámica del gasto público provincial. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), mientras los ingresos crecieron un 2,7% hasta el tercer trimestre de 2025, los gastos avanzaron un 11,3%. Esta diferencia erosionó rápidamente el superávit fiscal alcanzado en 2024, que pasó de $8,2 billones a apenas $0,2 billones.

En ese marco, al menos siete provincias —Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego— dejaron de registrar superávit financiero y pasaron a una situación deficitaria. La combinación de menor recaudación y mayor gasto configura así un panorama desafiante para las administraciones subnacionales, que enfrentan un año con mayores restricciones financieras y presión sobre sus presupuestos.