Las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento hicieron una revelación que lo deja en una situación incómoda

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una nueva y explosiva capa de sospechas en el caso patrimonial que lo envuelve. Las dos mujeres que aparecen como acreedoras del préstamo hipotecario con el que adquirió un lujoso departamento en Caballito negaron rotundamente conocerlo o haberle prestado dinero, según revelaciones periodísticas difundidas este lunes. Esta contradicción entre los documentos oficiales y las declaraciones de las supuestas prestamistas agrega un giro inesperado a una operación que ya estaba bajo escrutinio judicial y político.

La información, publicada por el diario La Nación, detalla que Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti, compraron una unidad funcional de casi 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. La operación, firmada el 18 de noviembre de 2025, tuvo un valor de US$230.000.

Sin embargo, lo que ahora centra todas las miradas es el mecanismo de financiación. Según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, la compra se concretó mediante una hipoteca privada de US$200.000, dividida en partes iguales entre Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años. Esto significa que, en papel, Adorni y su esposa habrían aportado solo US$30.000 al momento de la adquisición.

¿Qué dijeron las supuestas acreedoras?

El problema surgió cuando ambas mujeres fueron contactadas por la prensa. Beatriz Viegas, jubilada, afirmó categóricamente que no conocía a Manuel Adorni. Al ser consultada sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, su reacción fue aún más contundente: “Ay, no, no, no. Gracias”, antes de cortar la comunicación.

En el caso de Claudia Sbabo, la respuesta fue igual de incómoda para el funcionario. Una mujer que atendió su teléfono declaró: “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella”. Y cuando se le preguntó si Sbabo le había prestado dinero a Adorni, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas”.

Este contraste entre lo que figura en la escritura y lo que respondieron las supuestas acreedoras es el punto que ahora vuelve más delicada la situación del jefe de Gabinete, generando dudas sobre la veracidad de la documentación presentada.

Detalles de la propiedad y operaciones previas

La propiedad en cuestión, ubicada en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Caballito, tiene 120 metros cuadrados cubiertos, más un patio y el proporcional de una cochera en planta baja. La escritura indica que el inmueble quedó a nombre de Manuel Adorni y Bettina Angeletti en partes iguales, un 50% para cada uno.

La operación ya había despertado ruido porque, al momento de concretarla, Adorni no se había desprendido de la vivienda que ya tenía en Parque Chacabuco, sobre avenida Asamblea. Además, un año antes, la familia había sumado otra propiedad: una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que aparece registrada a nombre de su esposa.

Otro dato que llamó la atención es que en ambas operaciones figura la misma escribana, Adriana Nechevenko, lo que suma otro elemento a la trama.

¿Quiénes son Viegas y Sbabo?

La investigación periodística también puso foco en el perfil de las dos mujeres que aparecen en la hipoteca. Beatriz Viegas, de 72 años, aparece vinculada a antecedentes societarios ligados al rubro de la construcción y la actividad inmobiliaria. Según registros oficiales, fue socia de Nazca Gold SRL, una firma que tenía entre sus objetos la ejecución de obras, remodelaciones, señalización, mantenimiento e incluso actividades como compra, venta e hipoteca de inmuebles. También figuran a su nombre transferencias de habilitaciones de hoteles sin servicio de comida en Flores y Almagro.

En cambio, Claudia Sbabo, de 64 años, presenta un perfil mucho más bajo en registros públicos. Según lo difundido, no registra actividad empresarial y figura como empleada en relación de dependencia en una editorial, además de estar afiliada al PAMI.

Este contraste alimenta las preguntas alrededor de la operación: ¿quién puso realmente el dinero? ¿Hubo una financiación real de particulares o una estructura montada para justificar la compra?

La reventa exprés y la conexión con el vendedor anterior

La trama se vuelve todavía más llamativa al revisar la historia previa del inmueble. Viegas y Sbabo habían adquirido el departamento en mayo de 2025 en condominio, según los registros. Es decir, solo seis meses antes de vendérselo a Adorni y su esposa.

Lo compraron por US$200.000 y luego lo vendieron por US$230.000, lo que representa una suba del 15% en un plazo muy corto. El vendedor anterior había sido Hugo Alberto Morales, exfutbolista con pasado destacado en Huracán, Lanús y selecciones juveniles argentinas.

La secuencia completa —compra, reventa rápida, hipoteca privada, dos acreedoras que luego niegan conocer al comprador— es la que ahora alimenta la controversia pública y judicial.

La presión judicial y política sobre Adorni

La polémica patrimonial alrededor de Adorni no empezó con este departamento. En los últimos días ya había quedado bajo presión por otras revelaciones sobre su evolución patrimonial, entre ellas un viaje a Punta del Este en avión privado y la aparición pública de bienes que no habían sido explicados con claridad.

Frente a esos cuestionamientos, el funcionario había ensayado una defensa política al afirmar que “su patrimonio lo construyó en 25 años en el sector privado” y que “no tiene nada que esconder”. También sostuvo que las explicaciones sobre su situación patrimonial las iba a dar en la Justicia y no ante el periodismo, y deslizó que algunos bienes todavía no figuraban porque correspondían a la declaración jurada de 2025, aún no presentada al momento de sus dichos.

Sin embargo, la presión no afloja. Por el contrario, este nuevo capítulo abre un frente más incómodo: ya no se trata solo de cuánto compró o qué declaró, sino de si la documentación de la operación refleja una financiación real y verificable.

¿Qué busca la Justicia?

La causa judicial en torno a Adorni busca establecer si hubo o no un incremento patrimonial injustificado desde que ingresó a la función pública. En ese marco, la compra del departamento de Caballito aparece como una de las operaciones más sensibles, porque obliga a reconstruir el origen de los fondos, la trazabilidad del préstamo y la consistencia entre los documentos y la realidad económica de las partes involucradas.

La novedad conocida este lunes puede tener peso en ese expediente: si quienes figuran como prestamistas niegan conocer al funcionario o intervenir en la financiación, la explicación patrimonial de la operación se vuelve todavía más frágil.

Impacto en el Gobierno

El caso estalla, además, en un momento especialmente delicado para el Gobierno, porque Adorni es una de las figuras más visibles del mileísmo y uno de los funcionarios de mayor exposición pública. La situación ya dejó de ser una simple discusión sobre declaraciones juradas para convertirse en un problema político serio, con impacto en la credibilidad del discurso oficial sobre transparencia, privilegios y “casta”.

La pregunta que ahora queda abierta es simple, pero incómoda: si las mujeres que aparecen como acreedoras dicen no conocer a Adorni, entonces ¿quién le financió realmente la compra del departamento de Caballito?