La UNT en la cuerda floja: la Justicia deberá decidir si el rector puede volver a candidatearse

La posibilidad de que Sergio Pagani busque un tercer mandato consecutivo en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán desató una batalla legal que pone en jaque al sistema de poder histórico de la casa de estudios. Una acción judicial presentada por la oposición busca que la Justicia Federal aclare, de una vez por todas, si el actual rector puede competir en las elecciones de mayo o si el Estatuto se lo impide. La definición marcará un antes y un después en la vida institucional tucumana.

El conflicto ya no es una simple pulseada electoral. Se transformó en un debate de fondo sobre el respeto a las normas y la continuidad de una estructura de conducción que lleva décadas al mando. Todo gira en torno a una interpretación clave del Estatuto reformado.

¿Qué dice la norma y por qué es polémico?

El punto de fricción es claro y está escrito. Sergio Pagani ya cumplió dos períodos consecutivos en la máxima conducción: fue vicerrector entre 2018 y 2022 junto a José García, y desde 2022 ocupa el cargo de rector. La nueva carta orgánica mantuvo el límite de dos mandatos seguidos para quienes integran el Rectorado.

Para cerrar cualquier grieta, durante la reforma se agregó una cláusula transitoria. Esta establece que, en los casos de un segundo período como rector o vicerrector, el mandato finaliza en mayo de 2026. Quienes impulsaron la presentación judicial sostienen que esta disposición se redactó precisamente para evitar ambigüedades y cerrar la puerta a una continuidad más allá de ese plazo.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular dentro del oficialismo universitario interpretaciones que buscarían habilitar una nueva candidatura de Pagani. Este movimiento encendió todas las alarmas en sectores opositores y académicos, que ven en ello un intento de forzar una lectura que contradice el espíritu de lo que votó la Asamblea Universitaria.

La sombra del “Gordo” Saab y el sistema de poder

La controversia trasciende el nombre del rector y se adentra en el corazón del poder en la UNT. Detrás del actual esquema aparece la figura de José Hugo “El Gordo” Saab, secretario general del Rectorado y uno de los operadores políticos más influyentes de la universidad desde hace más de cuarenta años.

Dentro de los claustros, a Saab se lo señala como el verdadero arquitecto del oficialismo universitario y el sostén de una estructura de poder que ha perdurado a través de distintas gestiones. Por eso, la discusión sobre la reelección de Pagani también se lee como una batalla por la continuidad de ese sistema. Un tercer mandato del rector sería, para muchos, la forma de mantener intacto un esquema que tiene en Saab a su principal articulador.

En este contexto, cobra nueva relevancia una declaración pública que el propio Saab hizo tiempo atrás. El histórico funcionario aseguró: “Voy a trabajar con él y a la par de él hasta el último día y nos vamos a ir juntos de la Universidad”. Aquella frase, que muchos interpretaron como el anuncio del fin de una era, hoy resuena con fuerza en medio del conflicto.

La jugada judicial para despejar la incertidumbre

Frente a este escenario de tensión, la fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala decidió llevar el caso a la Justicia. Presentaron una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad ante la Justicia Federal.

El objetivo es doble: primero, que el tribunal establezca con claridad que el actual rector no puede ser candidato nuevamente. Segundo, solicitar una medida cautelar que impida que la Junta Electoral oficialice fórmulas que incluyan a autoridades que ya hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado.

El expediente busca una definición judicial urgente, que llegue antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas, prevista para fines de abril. De este modo, se intenta evitar que el proceso electoral avance bajo un manto de incertidumbre o que la Junta Electoral tome decisiones que luego puedan ser anuladas.

¿Qué está en juego más allá de un nombre?

En los pasillos de la UNT el debate ya está instalado. Para una parte importante de la comunidad académica, la cuestión es sencilla: el Estatuto fija un máximo y Pagani ya lo cumplió. Intentar competir nuevamente sería, en esa mirada, una violación directa a la norma.

La expectativa de muchos es que la intervención judicial ordene el proceso y garantice que las reglas aprobadas por la Asamblea se respeten. La decisión que tome la Justicia Federal en las próximas semanas será clave no solo para despejar una candidatura.

Marcará un límite institucional en un momento crucial: define si la universidad seguirá bajo las mismas estructuras de poder de las últimas décadas o si comenzará una etapa con nuevas reglas y actores en la conducción. Lo que finalmente se resuelva sentará un precedente fundamental para la vida democrática de la Universidad Nacional de Tucumán.