La trama del crimen de Érika Álvarez se ensancha: dos nuevos imputados y una red de encubrimiento que la justicia intenta desarmar

La investigación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena dio un giro con la imputación de dos hombres cercanos a Felipe “El Militar” Sosa. La justicia los acusó de encubrimiento agravado y los envió a prisión preventiva por tres meses, en una audiencia donde se revelaron detalles escalofriantes sobre las maniobras para borrar las huellas del crimen.

¿Qué rol habrían tenido los nuevos acusados?

Los imputados son Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro Flores. Según la fiscalía, representada por la auxiliar Carolina Brito Ledesma, Díaz llegó a la casa de Sosa en una camioneta de la empresa “Mundo Limpio” y se retiró horas después con bolsas de residuos en la caja. Su presunta tarea habría sido limpiar la escena del crimen.

En el caso de Navarro Flores, la acusación sostiene que acudió al domicilio tras un llamado de Sosa y permaneció allí varias horas, lo que hace presumir su colaboración en la eliminación del cuerpo de la víctima. La fiscalía aseguró contar con “evidencias técnicas” que respaldan estas imputaciones.

La teoría del caso y los interrogantes que persisten

El hecho central habría ocurrido en la madrugada del miércoles 7 de enero. Érika Álvarez habría llegado en un Uber a la vivienda de Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1.100. Los informes forenses indican que la joven fue asesinada a golpes.

Posteriormente, con la intervención de terceros, se habrían desplegado acciones para borrar evidencias y trasladar el cuerpo, que fue ocultado dentro de una bolsa de residuos. Carlos Garmendia, abogado de la familia de la víctima, subrayó la gravedad del caso y los misterios que aún rodean el crimen: “No se sabe qué pasó con su ropa ni con su celular, por solo citar un ejemplo”.

Las defensas cuestionan los procedimientos

Los abogados de los imputados objetaron con dureza los métodos de detención. Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, sostuvo que el acta policial fue falsa y que los efectivos ingresaron a una vivienda no autorizada. Intentó, sin éxito, que se declarara la nulidad del procedimiento.

Por su parte, Patricio Char y Candelaria Hernández, defensores de Navarro Flores, denunciaron que la versión oficial de una persecución era falsa y criticaron lo que consideraron una construcción de riesgos procesales. Char planteó que su asistido habría estado apenas diez minutos en la casa y cuestionó qué maniobras concretas podrían haberse realizado en ese lapso.

La decisión judicial y el camino que sigue la causa

La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci rechazó los planteos sobre la legalidad de las detenciones, aunque ordenó a la fiscalía analizar las denuncias. Consideró suficientes las evidencias para sostener las imputaciones y dispuso la prisión preventiva por tres meses para ambos, recomendando que se garantice el cuidado médico de Navarro Flores, quien padece diabetes insulinodependiente.

Durante la audiencia, los imputados optaron por no declarar, pero adelantaron que lo harán ante el fiscal Pedro Gallo. Ambos manifestaron su intención de exponer su versión de los hechos. La investigación continúa en busca de determinar si existieron más personas implicadas en el encubrimiento de este crimen que ya tiene a Sosa imputado por homicidio y a su ex pareja, Justina Gordillo, procesada.