La tragedia en Bouwer que el Estado no puede explicar: las familias exigen respuestas

Dos meses después de un incendio fatal en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, las familias de Agostina Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo siguen sin entender por qué murieron sus hijas. Las jóvenes, de 25 y 33 años, fallecieron encerradas en una celda de aislamiento durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025. Este martes, sus seres queridos se movilizaron para exigir una investigación profunda que aclare si hubo irregularidades y responsabilidades en la tragedia.

¿Qué pasó realmente esa madrugada?

Según la querella presentada, Agostina Pedraza se encontraba bajo custodia del Estado provincial sin condena firme. Había sido trasladada a Bouwer específicamente para estar más cerca de su familia durante las fiestas. En el momento del siniestro, ambas víctimas estaban confinadas en una celda de aislamiento.

Las sospechas de las familias apuntan directamente al accionar del penal y de los guardias. Denuncian una combinación letal de condiciones dentro de la celda: colchones inflamables, la posible presencia de un encendedor y matafuegos que no funcionaban.

Pero el detalle más escalofriante es la presunta demora en la apertura de las puertas. Esta demora, según los allegados, habría convertido el incendio en una trampa mortal de la que no pudieron escapar.

Los pedidos de auxilio que nadie escuchó

Testigos cercanos a las víctimas aseguran que hubo pedidos de auxilio desesperados. Incluso, afirman que otras reclusas fueron evacuadas del sector antes que Agostina y María Flavia.

Por este motivo, las familias y su representación legal insisten en que la Justicia provincial investigue si existió abandono de persona o incluso homicidio agravado por abuso de función. Valeria Soledad Romero, madre de Agostina, presentó un pedido formal para ser querellante en la causa. “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”, expresó con dolor.

Una investigación que busca la verdad

Mientras la causa avanza, la querella pidió una serie de medidas clave. Solicitaron revisar exhaustivamente los protocolos contra incendios del penal y los registros de mantenimiento de todos los equipos de emergencia.

También requirieron la nómina completa del personal de guardia de esa madrugada, las imágenes de las cámaras de seguridad y los resultados de los peritajes técnicos. Para reconstruir los hechos con precisión, pidieron que se tomen testimonios de otras internas, testigos y del personal médico que intervino.

Desde la representación legal de las familias fueron contundentes: “La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”. La búsqueda de justicia para Agostina y María Flavia recién comienza.