La SRA se mete en la pelea judicial por la reforma laboral y pide que no la frenen

La Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó intervenir como tercero en la causa que la CGT inició contra el Estado nacional para frenar la Ley de Modernización Laboral. La entidad que preside Nicolás Pino busca que se declare la constitucionalidad de la norma y que no se suspenda su aplicación.

La presentación se realizó en el marco del expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, donde la SRA adhirió a la defensa del Gobierno nacional. La entidad advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país.

“La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”, manifestaron desde la entidad ruralista.

¿Por qué la SRA se suma a la causa?

La participación de la Sociedad Rural se fundamenta en el impacto directo que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad podría tener sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, la SRA respaldó la postura del Estado Nacional en relación con la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando que este tipo de causas “donde se discute la validez de una ley del Congreso” no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo.

La entidad también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso.

Fideicomiso y mantenimiento de rutas

Por otro lado, la SRA expresó su posición ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario.

“Entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustrial”, señalaron los ruralistas, destacando el trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Sin embargo, advirtieron que “la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

“Reafirmamos nuestra disposición al diálogo constructivo con las autoridades y con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores”, concluyó el comunicado.