La pieza que faltaba: designan al fiscal que investigará los casos más complejos

Tras años de espera, el esquema judicial federal en una provincia clave ha quedado finalmente completo con la designación oficial de su fiscal titular. La Procuración General de la Nación, a través de la Resolución MP 72/2, ha habilitado la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 3 de San Miguel de Tucumán, nombrando a José Agustín Chit como su responsable. Esta decisión marca el último paso administrativo necesario para que el nuevo juzgado federal, ya autorizado por la Corte Suprema, pueda comenzar a funcionar en plenitud.

La puesta en marcha de un tribunal federal no es un simple trámite, sino un proceso que requiere la coordinación de dos pilares fundamentales: la parte jurisdiccional y la promotora de la acción pública. Mientras que el máximo tribunal había dado luz verde previamente al juramento del juez José Manuel Díaz Vélez y creado los 42 cargos administrativos para el juzgado, faltaba la habilitación correspondiente del Ministerio Público Fiscal para asegurar la legalidad de los procesos.

Con la firma del Procurador General interino, Eduardo Casal, se ha oficializado la designación de José Agustín Chit como el fiscal federal titular que actuará ante este nuevo estrado. Chit, cuya designación por decreto presidencial ya estaba firme desde 2021, será el encargado de liderar las investigaciones en una jurisdicción reconocida por su alto volumen de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.

La crónica de esta inauguración judicial ha sido descrita como una carrera contra el reloj, impulsada por la urgente necesidad de infraestructura. Informes de la Administración General del Poder Judicial habían establecido finales de marzo como fecha límite para la instalación de puestos de trabajo y conectividad tecnológica. En línea con estos plazos, la resolución de la Procuración instruye ahora a sus áreas de administración para que provean el soporte técnico y edilicio necesario, permitiendo que la fiscalía opere en sincronía con el juzgado.

Esta habilitación llega en un momento crucial para aliviar la agenda saturada de los tribunales federales de la provincia. Hasta hace apenas unas semanas, el juez Díaz Vélez debía subrogar el Juzgado Federal N° 2 mientras se aguardaban estas definiciones presupuestarias. Con la firma de la resolución, se considera oficialmente completado el circuito que une la Ley 26.885, la acordada de la Corte Suprema y la reciente disposición de la Procuración General de la Nación.