La Legislatura tucumana define al nuevo Defensor del Pueblo: quiénes son los 46 que quieren el cargo y el nombre que suena con fuerza

El reloj corre en la Legislatura de Tucumán, donde las pujas políticas de fondo marcan la carrera por suceder a Eduardo Cobos al frente de la Defensoría del Pueblo. Con el mandato actual venciendo el 7 de marzo, el proceso de selección entra en su fase decisiva, donde una lista de 46 aspirantes, entre ellos el propio titular, será analizada bajo la lupa de dos comisiones legislativas en medio de un escenario de tensiones que no se apagan desde la polémica elección de 2021.

¿Quiénes son los 46 que buscan el cargo?

La convocatoria publicada el 3 de febrero pasado dio paso a una avalancha de postulaciones. En total, 46 personas presentaron sus carpetas, un grupo heterogéneo que incluye desde el actual defensor, Eduardo Cobos, hasta ex funcionarios y profesionales de diversas áreas. La lista completa es extensa: Ramón Acuña, José Alcaraz, Estela Apud, Rolando Argañaraz, Claudia Boyanovsky, Mabel Bravo, Álvaro Contreras, Clelia Cruz Sánchez, Raúl Carlos Daniel, Agustín Fernández, Christian Fernández, Gustavo Gaón, Martín Garzón, José García, Juan Manuel Guevara, Elsa Hasán Jalil, Julio Herrera Piedrabuena, María Cristina Idígoras, Fernando Said Juri, Jorge Lobo Aragón, Francisco Mejías, Daniel Mendoza, David Mizrahi, Paula Nemer, Lourdes Núñez, Miguel Paz, Julio Picabea, Silvana Pinto Gallardo, Daniel Alberto Ponce, Pedro Prioris, Alejandra Racedo, José Ramos, Jorge Rocha, Juan Eduardo Rojas, Sebastián Uro Romero, Eduardo Sarris, María Pamela Tenreyro, César Toledo, Sonia Toledo, Gustavo Usandivaras, Julio Valdez, María Celeste Vales, Rubén Darío Vega Herrera, Facundo Vergara y Mónica Villa.

Todas estas candidaturas están ahora en la etapa de impugnaciones, donde la ciudadanía puede objetar a quienes no cumplan los requisitos. Según explicó la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de las comisiones intervinientes, el plazo para presentar objeciones venció el viernes pasado. Los postulantes cuestionados tendrán entre el 24 y el 26 de febrero para realizar sus descargos.

El mecanismo y los plazos apremiantes

El procedimiento se rige por la normativa que regula la Defensoría y establece plazos estrictos. Para aspirar al cargo se exige ser ciudadano natural en ejercicio o legal con al menos dos años de antigüedad, tener 25 años como mínimo y acreditar domicilio en la provincia durante los dos años previos. Una vez superada la etapa de impugnaciones, las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos se reunirán de manera conjunta para evaluar los antecedentes.

A diferencia de otros procesos, como la selección de magistrados, no están previstas entrevistas personales. Las comisiones deberán elaborar un dictamen con una terna de candidatos que será elevada al recinto para su tratamiento en sesión pública. El calendario marca como fecha límite el martes 3 de marzo para la definición de esa terna. Dado que el mandato de Cobos vence en un fin de semana, en la Legislatura se analiza convocar a una sesión especial en los días previos, posiblemente en la primera semana de marzo.

Los nombres que componen las comisiones clave

La responsabilidad de evaluar a los 46 aspirantes recae en un grupo específico de legisladores. La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales está integrada por Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos. Por su parte, en la comisión de Peticiones y Acuerdos participan Vargas Aignasse, Ocaranza, Carlos Najar, Sergio Mansilla, Adriana Najar, Maia Martínez y Ricardo Bussi.

La parlamentaria Vargas Aignasse remarcó que todo el proceso se ajusta estrictamente a la ley, que exige dar publicidad a cada etapa. La normativa vigente establece que el Defensor del Pueblo será designado por resolución de la Legislatura con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros en una sesión especial y pública.

El nombre que circula en los pasillos políticos

Aunque el trámite se desarrolla en el plano institucional, en el ámbito político las versiones ya empiezan a circular. Uno de los postulantes que aparece con mayores posibilidades es el ex diputado nacional Agustín Fernández. El dirigente, identificado con el espacio del gobernador Osvaldo Jaldo, presidió el bloque Independencia en el Congreso durante los primeros años del gobierno libertario, adoptando en varias ocasiones posiciones alineadas con la Casa Rosada que generaron controversias dentro del justicialismo tucumano.

La elección del próximo defensor no es un trámite menor. La Constitución provincial otorga al titular del organismo las mismas inmunidades y prerrogativas que a los legisladores y dispone que sólo puede ser removido mediante juicio político. Su rol comprende la defensa y promoción de los derechos humanos y de los intereses individuales y colectivos frente a actos de la Administración Pública provincial y municipal o de prestadores de servicios públicos.

Un dato no menor que surge del análisis del funcionamiento del organismo es que, según se señala, el defensor debe rendir cuentas anualmente ante la Legislatura en una sesión pública especial, una instancia que no se habría cumplido al menos en los últimos cinco años. Con la cuenta regresiva en marcha y las pujas políticas a flor de piel, Tucumán está a punto de tener un nuevo ombudsman.