La Justicia tumbó un contrato millonario: el oscuro secreto que escondía la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la nulidad del contrato de estacionamiento medido en la capital, declarando ilegal la concesión otorgada durante la gestión anterior. El fallo pone fin a un largo conflicto judicial y abre la puerta a un nuevo sistema regulado.

El tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la unión transitoria de empresas Tecno Agro Vial. Ratificó así la sentencia que había declarado la nulidad absoluta del vínculo contractual.

¿Qué irregularidad descubrió la Justicia?

Según determinó la Corte, la empresa se encontraba en estado concursal al momento de presentarse a la adjudicación en 2021. Esta situación violaba expresamente el Pliego de Bases y Condiciones, que prohíbe la participación de firmas en esas condiciones.

Para el tribunal, esta omisión no fue un simple error formal. Constituyó una falta sustancial que afectó directamente la legalidad de todo el contrato desde su origen.

Un reparto que despertó sospechas

El fallo también cuestionó severamente la razonabilidad económica del acuerdo. Durante el breve funcionamiento del sistema, la empresa se quedaba con el 85% de la recaudación total.

Mientras tanto, el municipio percibía apenas un 15% de los ingresos generados. Esta distribución desproporcionada fue otro elemento considerado por la Justicia al evaluar la legalidad de la concesión.

¿Quiénes impulsaron el reclamo?

La decisión judicial validó los planteos realizados en un amparo colectivo. Este recurso había sido impulsado por organizaciones civiles, la Defensoría del Pueblo y distintos sectores directamente afectados por la implementación del sistema.

Con este fallo, la Corte confirmó que la concesión estuvo viciada desde su inicio. Todos los argumentos presentados en el amparo encontraron respaldo en la resolución final.

¿Qué viene ahora para el estacionamiento?

La resolución despeja completamente el panorama para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Las autoridades podrán avanzar con un nuevo proceso licitatorio para implementar un sistema regularizado de estacionamiento.

Este nuevo proceso deberá desarrollarse bajo reglas consideradas válidas por la Justicia, asegurando transparencia y legalidad en todas sus etapas.

Un mensaje claro para futuras contrataciones

El fallo marcó un límite claro en materia de contrataciones públicas. Subrayó la importancia fundamental de la buena fe y el cumplimiento estricto de las condiciones legales por parte de las empresas que buscan prestar servicios al Estado.

De esta manera, se cierra definitivamente un capítulo judicial que mantuvo en vilo el ordenamiento del tránsito en la capital tucumana. Se abre simultáneamente una nueva etapa para redefinir el sistema de estacionamiento bajo parámetros legales y económicos más equilibrados.