La Justicia tucumana se planta: Rechazan la libertad de una clave en el crimen de Érika Álvarez

La prisión preventiva de Justina Gordillo, imputada por encubrir el brutal asesinato de Érika Antonella Álvarez, se mantendrá firme. Un juez rechazó el pedido de su defensa, argumentando que la investigación está en pleno desarrollo y que los riesgos de fuga y entorpecimiento persisten. La decisión judicial llega tras nuevos hallazgos en el teléfono de la acusada que podrían agravar su situación.

La audiencia se desarrolló en las últimas horas, donde los abogados de Gordillo, de 48 años, solicitaron el cese de su detención. Sostuvieron que la medida era ahora “irrazonable y desproporcionada”, al no existir ya peligro de que la mujer obstruya la causa o intente fugarse.

Frente a este planteo, la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, se opuso de manera contundente. Desde la fiscalía destacaron que el caso avanza rápidamente y que aún quedan numerosas pruebas por recolectar y analizar.

¿Qué reveló el teléfono de la acusada?

Uno de los elementos clave que esgrimió el Ministerio Público Fiscal fue un informe preliminar de peritaje sobre el celular de Justina Gordillo. El análisis tecnológico (UFED) arrojó un dato revelador: el día del crimen, se registraron al menos 28 llamadas entre Gordillo y Felipe “El Militar” Sosa, el principal acusado de dar muerte a la joven.

Este hallazgo forma parte de lo que la fiscalía calificó como “avances importantes”. Tanto es así, que el propio fiscal Gallo anticipó en la audiencia que estos nuevos elementos podrían llevar a un agravamiento de los cargos en su contra en los próximos días.

La decisión del juez: Los riesgos siguen vigentes

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Bernardo L’Elario Babot dictó su resolución. El magistrado rechazó el pedido de libertad y ordenó mantener a Gordillo en prisión preventiva.

En su fundamentación, Babot consideró que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que ha transcurrido un tiempo relativamente breve desde el inicio del proceso. Señaló que la defensa no aportó elementos nuevos que demuestren que los riesgos procesales hayan desaparecido.

“Los motivos que justificaron la medida cautelar continúan vigentes”, sostuvo el juez en su fallo. Ante esta decisión, los abogados defensores de Gordillo ya anunciaron que apelarán la medida ante una instancia judicial superior.

La noche del crimen y los movimientos sospechosos

La causa investiga que en la madrugada del 7 de enero, Felipe Sosa habría asesinado a Érika Antonella Álvarez, de 25 años, con posible participación de otras personas no identificadas. El cuerpo de la víctima fue hallado al día siguiente, 8 de enero, en un basural de la zona de Manantial Sur.

La investigación coloca a Justina Gordillo en el centro de la escena del encubrimiento. Según la reconstrucción fiscal, la mujer se presentó en la casa de Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1.100 en Yerba Buena, horas después del hecho.

Los registros indican que estuvo allí el 7 de enero desde las 13:37 hasta las 15:24. Luego regresó a las 20:28 y se quedó hasta las 07:07 de la mañana siguiente. Su última visita fue el 8 de enero a las 19:38, retirándose minutos después.

Para los investigadores, en esos lapsos Gordillo habría colaborado activamente para ocultar el crimen. Se la acusa de ayudar a esconder el cuerpo de Érika, hacer desaparecer su teléfono celular y ocultar la camioneta Amarok que utilizaba Sosa.

Además, la fiscalía indaga si la imputada ayudó al principal acusado y a otras personas a fugarse hacia la provincia de Buenos Aires para eludir a la Justicia.

Actualmente, en la causa permanecen detenidos, además de Justina Gordillo, Felipe Sosa, Nicolás Augusto Navarro Flores y Jorge Orlando Díaz. La Unidad Fiscal de Homicidios continúa sumando pruebas para develar todos los detalles del homicidio que conmocionó a la provincia.