La Justicia tucumana condena a la hija de “La Chancha” Ale y a su novio por usurpación violenta
La Justicia de Tucumán condenó a la hija de “La Chancha” Ale y a su novio a un año de prisión condicional por usurpar con violencia y amenazas la casa de la expareja del padre. Incluye prohibición de acercamiento.
Un juez de Tucumán impuso una condena condicional a Ángela Yamile Ale y Darío Coronel por despojar con agresiones y amenazas a María Jesús Rivero, la expareja del padre de la acusada. El fallo, que incluye una prohibición de acercamiento, pone fin a un caso de violencia que incluyó golpes y la exhibición de un cuchillo en una vivienda de la capital.
La sentencia fue dictada por el juez Fernando Zóttoli el pasado 17 de diciembre, tras un acuerdo de juicio abreviado celebrado con el Ministerio Público Fiscal. Los imputados admitieron su responsabilidad por el delito de usurpación agravada por el uso de violencia.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por el fiscal Diego Hevia. Todo comenzó con la denuncia de Rivero por los hechos ocurridos el 7 de noviembre en su domicilio de la calle Adolfo de la Vega al 700.
El violento ingreso a la vivienda
Según la víctima, ese día un hombre que se identificó como policía se presentó en la casa exhibiendo una supuesta orden judicial. Luego, ordenó a otros efectivos cortar el candado e ingresar por la fuerza al inmueble.
Una vez dentro, se encontraban Yamile Ale y su novio, Darío Coronel. Fue en ese contexto que, según la acusación, Coronel golpeó a Rivero mientras el grupo avanzaba para tomar posesión de la propiedad.
Desde ese momento, la pareja junto a dos hermanas de Yamile —Martha Florencia Ale Cuño y Emilia Giselle Ale— ocuparon ilegalmente parte de la vivienda. Obligaron a Rivero a convivir bajo amenazas, impidiéndole el libre uso de su propio hogar.
La escalada de las amenazas
La situación se agravó semanas después, el 1 de diciembre. Rivero regresó a la casa acompañada de una amiga y fue amenazada directamente por Yamile Ale, quien brandió un cuchillo.
“Recién aparecés vos, te voy a tajear entera con esto”, habría dicho la acusada, según consta en la causa. El temor generado fue tal que la denunciante abandonó el lugar de inmediato para resguardar su integridad física.
Para sostener la acusación, la fiscalía reunió un amplio cuerpo de pruebas. Entre ellas se incluyeron registros fílmicos que muestran a la pareja y a otros sujetos rompiendo la puerta de ingreso a golpes y patadas.
Las pruebas que sustentaron la condena
También se aportaron informes médicos que constataron lesiones en María Jesús Rivero. La documentación de la Asociación de Abogados acreditó, además, la posesión legítima del inmueble por parte de la víctima.
Un informe socioambiental confirmó que vecinos vieron a las hijas de Rubén “La Chancha” Ale habitando la vivienda después del episodio violento. Todos estos elementos fueron clave para que la fiscalía avanzara con la acusación.
En la audiencia, Yamile Ale y Darío Coronel, representados por las defensoras Agustina Mentesana y Victoria Corbera, admitieron su responsabilidad penal. Aceptaron una condena de un año de prisión de ejecución condicional.
Las reglas de conducta impuestas
El acuerdo incluye el cumplimiento de reglas de conducta por un plazo de dos años. La principal es una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio en un radio de 300 metros.
También deben abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o hostigamiento contra Rivero. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la efectivización de la pena de prisión.
En la misma audiencia se trató la situación de las hermanas Martha Florencia Ale Cuño y Emilia Giselle Ale, acusadas de colaborar en la usurpación. La fiscalía indicó que llegaron minutos después del ingreso forzado y permanecieron en la planta baja amenazando a Rivero.
El destino de las hermanas acusadas
Inicialmente, ambas habían sido sometidas a arresto domiciliario por 14 días. Sin embargo, la fiscalía solicitó morigerar esa medida y reemplazarla por reglas de conducta de menor intensidad por tres meses.
Este pedido fue acompañado por la querella y no tuvo oposición de las defensas. El juez Zóttoli resolvió imponer estas reglas de conducta a las dos hermanas mientras continúa el proceso para definir su situación procesal definitiva.
La homologación del acuerdo de juicio abreviado cierra un capítulo judicial marcado por la violencia y el hostigamiento. El caso expuso los métodos utilizados para despojar a una persona de su vivienda en la provincia.
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