La Justicia que decidirá el futuro de la reforma laboral: un fallo que cambia las reglas del juego

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para definir si la ley de reforma laboral es constitucional, en un caso impulsado por la CGT. Este martes, el tribunal determinó que el fuero federal, y no el laboral, debe resolver el conflicto, dejando vigente la norma que modifica contrataciones, vacaciones e indemnizaciones.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo mantiene la causa en sus manos mientras se define la competencia. Pero las normas establecen que, ante un conflicto entre fueros, decide la Cámara Federal. Así, el expediente vuelve al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, quien seguirá analizando la validez de la reforma impugnada.

¿Qué dice la ley de reforma laboral?

La ley 27.802, aprobada por el Congreso, introduce cambios en condiciones de contratación, vacaciones y el pago de indemnizaciones, entre otros aspectos. La CGT la cuestiona por inconstitucional, pero el Gobierno defiende su aplicación y ya se presentó en la Corte Suprema con un pedido de per saltum para que declare su constitucionalidad.

Sin embargo, el máximo tribunal no tiene apuro en decidir, pues la ley ya está vigente, como pretendía el Ejecutivo. Mientras tanto, el capítulo judicial de hoy lo escribió la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy.

¿Por qué el fuero federal se quedó con el caso?

Los camaristas consideraron que el conflicto no se limita a cuestiones laborales comunes, sino que involucra asuntos federales, como la potestad del Congreso para asignar competencias judiciales y la organización de tribunales. Además, cuestionaron el trámite del juez laboral Raúl Ojeda, quien admitió la medida cautelar de la CGT y suspendió por un breve período la vigencia de la ley.

La Cámara Contencioso dispuso que Ojeda no podía apartarse del procedimiento legal ni remitir por su cuenta el expediente a la Cámara del Trabajo. También destacó que las leyes que modifican competencia judicial son de orden público y se aplican de inmediato.

Esto es así porque la nueva ley laboral señala que los casos individuales de despidos o accidentes se tramitan en juzgados laborales locales, mientras que los cuestionamientos de sindicatos, como el de la CGT, son de competencia federal.

El rol de la Cámara laboral y la recusación a sus jueces

Ahora, la Cámara laboral definirá qué hace con la causa. El juez Ojeda concedió la medida cautelar de la CGT que dejó sin efecto 82 artículos de la nueva ley entre el 6 y el 30 de marzo, pero la Cámara Laboral suspendió el efecto de ese fallo hasta que decida. Esa decisión la firmaron los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, quienes fueron recusados por la CGT.

Ahora debe resolverse la recusación. Si sus colegas la rechazan, Pesino y González quedarán con el caso y lo enviarán a la justicia contencioso administrativo federal. Si los apartan, quienes los sucedan optarían por la misma solución.

El fallo que suspende la reforma, firmado por Pesino y González, se dio en simultáneo con la publicación del edicto del Gobierno que envió el pliego de Pesino al Senado para una prórroga de cinco años en su cargo, ya que cumple 75 años el 27 de julio próximo. El magistrado inició los trámites en agosto pasado, sin éxito con el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, pero tras la salida de este, se entrevistó con Juan Bautista Mahiques el 7 de abril, quien puso en marcha el procedimiento para su designación. El 13 de abril le enviaron un mail indicando que el 24 de abril se publicaría un edicto para prorrogar su pliego. Fue ese mismo 24 de abril cuando la causa llegó por sorteo a su tribunal.