La Justicia les dijo que no y ahora el gobierno debe cumplir con lo que no quería

Un fallo judicial obliga al gobierno nacional a aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario, rechazando sus argumentos sobre el impacto fiscal. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que ordena cumplir con la actualización salarial docente y la recomposición de becas estudiantiles, desestimando la apelación oficial.

La medida cautelar, dictada originalmente en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Estos artículos refieren a la actualización de salarios para docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025.

También peticiona la recomposición de todos los programas de becas para estudiantes. La acción de amparo fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

¿Qué argumentó la Cámara?

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron que los agravios presentados por el Estado, relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta, resultan “poco serios”. Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no afecta sustancialmente el interés público.

Por el contrario, señalaron que estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública. En su fallo original, el magistrado Cormick había considerado que el Decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la Ley 27.795, tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario. El decreto establecía que la norma solo podría aplicarse cuando se determinaran recursos específicos para solventarla.

La postura del gobierno nacional

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial.

También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo. Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique.

Busca el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

El contexto del conflicto

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles.

Rechazaban la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria. A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.