La Justicia le planta un freno al ajuste: ordenan a Vialidad Nacional pagar salarios congelados hace más de un año

Un fallo judicial obliga al Gobierno nacional a actualizar de inmediato los haberes de los trabajadores viales, que no recibían aumentos desde octubre de 2024, marcando un precedente que complica el plan de ajuste en los entes autárquicos. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar del sindicato del sector y ordenó equiparar los salarios con los del resto de la administración pública.

La resolución expone una situación de “desigualdad y asfixia” para los empleados bajo el Convenio 827/06 “E” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Mientras otros sectores del mismo organismo y de la administración centralizada recibían actualizaciones, este grupo específico permanecía con sus haberes congelados desde hace más de un año, quedando rezagado en un contexto inflacionario.

¿Qué fundamentó la decisión del juez?

El magistrado destacó en su fallo el “carácter alimentario del salario” y consideró acreditado el perjuicio causado por el prolongado congelamiento. Además, la Justicia subrayó la “falta de una negociación colectiva efectiva”, debido a la ausencia de propuestas formales por parte de las autoridades en las audiencias paritarias celebradas.

De esta manera, el fallo representa un revés directo a la política salarial aplicada por la actual gestión nacional sobre este ente autárquico. La sentencia no solo reconoce el derecho de los trabajadores, sino que cuestiona el método utilizado para congelar selectivamente salarios.

¿Qué es lo que ordena específicamente el fallo?

La decisión judicial es concreta y de cumplimiento inmediato. En primer lugar, dispone que Vialidad Nacional debe aplicar a este sector las mismas pautas salariales establecidas para el Convenio 214 de la administración pública, con retroactividad a noviembre de 2024.

Esto implica una actualización inmediata de los salarios según las Decisiones Administrativas de 2024 y 2025 que rigieron para el resto del Estado. También ordena un pago retroactivo: la deuda acumulada y los bonos otorgados desde mediados de 2024 deberán abonarse en tres cuotas bimestrales.

Para asegurar la celeridad, el juez estableció además la suspensión de plazos procesales para impugnar la medida, garantizando que los trabajadores perciban la actualización de forma urgente.

La reacción del sindicato y las implicancias políticas

“Este fallo representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo”, afirmó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá. Para la dirigente, la resolución no solo repara una injusticia salarial, sino que también pone de relieve lo que ella considera un intento de desmantelamiento de Vialidad Nacional.

Este revés judicial podría sentar un precedente relevante y complicado para la Casa Rosada. La intención del Gobierno de aplicar un plan de ajuste salarial en la administración pública a través de la paritaria estatal como herramienta fiscal unilateral, ahora encuentra un obstáculo legal firme.

El Congreso ya había advertido en 2025 que el Gobierno no puede recortar funciones ni desfinanciar al organismo vial por su rol estratégico en la conectividad y seguridad del país. Sin embargo, la gestión había mantenido una política de parálisis operativa y salarial que la Justicia comienza a revertir con este fallo.

Analistas políticos señalan que esta decisión podría disparar presentaciones judiciales similares en otros entes autárquicos que atraviesan situaciones de “congelamiento selectivo”, debilitando significativamente la premisa oficial de ajustar unilateralmente a través de las paritarias públicas.