La Justicia le dio un triunfo clave a la AFA: ¿qué pasó con la sede y los veedores?

Un fallo judicial acaba de sacudir el tablero del fútbol argentino. La Cámara Civil convalidó el traslado de la sede de la AFA a Pilar y, de paso, anuló la designación de veedores que había dispuesto el Ministerio de Justicia. El organismo que conduce Claudio ‘Chiqui’ Tapia queda ahora bajo la órbita bonaerense y se escapa del control de la IGJ.

¿Qué dijo la Justicia?

La Cámara Nacional en lo Civil resolvió cancelar la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ). A partir de ahora, la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires será la encargada de fiscalizar a la entidad. El cambio de domicilio social a Pilar, aprobado en asamblea durante 2024, fue el detonante.

Para el tribunal, “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en referencia al organismo provincial que depende del gobierno de Axel Kicillof.

Veedores al descarte

La pelea arrancó cuando la IGJ, a pedido de su titular Juan Bautista Mahiques, designó veedores en la AFA por supuestas “graves irregularidades” administrativas. La entidad rechazó la medida de inmediato, calificándola de “ilegítima” y con una “finalidad política ajena a la ley”. Ahora, la Cámara Civil le dio la razón: declaró nula la Resolución Particular 140/26, del 18 de febrero de 2026, que había ordenado la intervención.

El fallo es contundente: sostiene que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras sobre su par”. En otras palabras, la IGJ no tenía competencia para revisar lo que ya había sido aprobado por la provincia.

¿Y ahora?

Con esta decisión, la AFA queda definitivamente fuera del radar de la IGJ. El tribunal dejó claro que “si un organismo público provincial emite un acto administrativo, en tanto no resulte impugnado, goza de la misma validez que los actos de los organismos nacionales”. Como el cambio de sede no fue cuestionado en su momento, el domicilio social en Pilar es plenamente válido y trae consecuencias jurídicas concretas.