La justicia federal tucumana cierra una polémica puerta: el juez Díaz Vélez seguirá al frente de la causa por tráfico de influencias

Un fallo clave de la Cámara Federal de Tucumán zanjó una batalla legal y confirmó al magistrado José Manuel Díaz Vélez como instructor en una investigación que sacude los cimientos del poder judicial local. La causa indaga un presunto esquema de intermediación para comprar fallos, con un abogado tucumano como principal imputado.

Los camaristas Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, conformando un tribunal ad hoc, rechazaron de plano un planteo de nulidad presentado por la defensa del letrado Luis Alejandro Ontiveros. El abogado Miguel Ángel Pierri había cuestionado el procedimiento de designación de Díaz Vélez como juez subrogante, argumentando que no se respetó el sorteo legal.

¿Por qué la Cámara rechazó el planteo de la defensa?

En un análisis detallado, el tribunal federal sostuvo que las nulidades son excepcionales y requieren un perjuicio concreto o la vulneración de garantías, algo que no encontraron en este caso. Reconstruyeron que, tras las excusaciones de otros jueces, Díaz Vélez era el único magistrado disponible y con competencia para tomar la causa desde el 20 de noviembre del año pasado.

La Cámara fue contundente al afirmar que, dadas las circunstancias, la designación “sólo podía tener el resultado que tuvo”. Consideró que las demoras administrativas señaladas por la defensa eran errores sin impacto en la validez del acto, dejando así firme la intervención del juez.

Los detalles de la investigación que continúa

El expediente se originó por la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, quien acusó a Ontiveros de ofrecerle gestionar un fallo favorable a cambio de una suma que oscilaría entre 80.000 y 100.000 dólares. La hipótesis judicial apunta a un posible mecanismo de tráfico de influencias dentro de la justicia federal tucumana.

La pesquisa también analiza vínculos personales y profesionales del imputado con integrantes del ámbito judicial. Se sabe que Ontiveros está casado con Solana Casella, relatora del camarista Mario Leal, aunque ninguno de ellos está bajo investigación. En un movimiento interno, el abogado Camilo Atim renunció a la defensa por motivos personales.

Con la cuestión de la competencia judicial saldada, el foco vuelve a la producción de pruebas. Entre las primeras decisiones de Díaz Vélez estará resolver la recusación planteada contra el fiscal federal Agustín Chit. El avance de la causa podría desembocar próximamente en la indagatoria del abogado imputado.

Así, este caso de alto impacto institucional retoma su curso, investigando no solo un hecho puntual, sino prácticas que pondrían en duda la integridad misma del sistema judicial en la provincia.