La Justicia Federal sobreseyó al hijo de un ex comisario tucumano y ahora investiga a los policías

Un fallo judicial en Tucumán anuló un controvertido procedimiento policial, liberó a tres acusados de narcotráfico y ordenó investigar a los agentes intervinientes. El juez federal José Manuel Díaz Vélez consideró que la detención del 20 de agosto en Yerba Buena carecía de fundamentos legales suficientes, en un caso que involucró al hijo de un ex funcionario de Seguridad provincial y generó sospechas de una interna policial.

El operativo fue realizado por efectivos de la comisaría de Yerba Buena. Según su versión, detuvieron un vehículo tras una maniobra brusca y, al percibir olor a marihuana, procedieron a requisarlo. Allí afirmaron haber encontrado un kilo de flores de cannabis.

Los detenidos y la renuncia inmediata

Los tres ocupantes del auto fueron detenidos e imputados. Se trata de Alexis Nahuel Cisneros, Nicolás Avellaneda y Leandro Nicolás Gómez. Este último era integrante de la ex Brigada de Investigaciones y es hijo de Miguel Gómez, quien en ese momento se desempeñaba como funcionario del área de Seguridad de la provincia.

La repercusión política fue instantánea. La misma noche del operativo, Miguel Gómez presentó su renuncia indeclinable ante el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. El hecho alimentó versiones sobre fuertes tensiones internas dentro de la fuerza policial tucumana.

La defensa cuestiona la legalidad del procedimiento

La defensa de Alexis Cisneros, a cargo del abogado Daniel Aníbal González, presentó un pedido de nulidad del procedimiento. Argumentó que se habían violado garantías constitucionales básicas durante la intervención policial.

El juez federal Díaz Vélez analizó en profundidad los argumentos de la policía para justificar la detención. En su resolución, fue categórico al señalar que los motivos esgrimidos no alcanzaban el umbral legal requerido.

Fundamentos del fallo que anuló todo

El magistrado consideró que la supuesta “actitud nerviosa” de un ocupante y la realización de una maniobra en “U” no constituyen, por sí solas, razones objetivas que generen un estado de sospecha legítimo. Tampoco justifican una intervención policial de tal magnitud.

Al declarar nulo todo lo actuado a partir de ese momento, el juez ordenó el sobreseimiento definitivo de los tres acusados y dispuso su inmediata liberación. La decisión judicial cierra la causa penal en su contra.

La investigación ahora apunta a los policías

La resolución no se limitó a absolver a los detenidos. El juez Díaz Vélez también impartió una orden crucial: investigar la actuación de los efectivos que participaron en el operativo del 20 de agosto.

El fallo sostiene que los agentes podrían haber incurrido en un accionar irregular que afectó derechos fundamentales. Esta investigación sobre la conducta policial se abre en un contexto institucional ya complejo para la fuerza.

El caso se enmarca en un período de fuertes cuestionamientos internos dentro de la Policía de Tucumán. En esas mismas fechas, circulaban versiones sobre investigaciones sensibles que alcanzaban a jefes de la Unidad Regional Norte.

El sobreseimiento y la orden de investigar a los agentes reavivan el debate sobre los límites de los controles policiales preventivos y los protocolos en procedimientos antidrogas. Para la Justicia Federal, en este caso concreto, la línea roja fue claramente sobrepasada.