La Justicia federal le dijo “no” a la CGT: rechazó el freno a la reforma laboral

Un fallo judicial dejó sin efecto la medida cautelar que buscaba paralizar dos artículos clave de la polémica reforma laboral. El juez Enrique Lavié Pico consideró que no se cumplían los requisitos de urgencia para alterar una ley sancionada por el Congreso, en un duro revés para la central obrera.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó la presentación de la CGT contra los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral. Estos ordenan el cierre de 30 Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), y la progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, transfiriendo sus competencias a la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué argumentó el juez en su decisión?

En su resolución, Lavié Pico fue contundente. Expresó que, al haber elegido la vía sumarísima de un amparo, la CGT será prontamente escuchada en el fondo del asunto. Por ello, “se descarta la existencia de un perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”.

El magistrado remarcó que “no se acreditaron los requisitos de urgencia o arbitrariedad necesarios para frenar o modificar” una norma votada por el Poder Legislativo. Agregó que los elementos aportados por la central obrera “no resultan suficientes para acceder a la tutela requerida” en el marco expedito de un amparo.

El reclamo de la central obrera

La presentación de la CGT, realizada el viernes pasado, pedía la suspensión inmediata de los artículos cuestionados. El organismo sindical argumentó que los cambios vulneran derechos constitucionales y dejan en estado de indefensión a los trabajadores, al eliminar instancias judiciales especializadas.

En un comunicado difundido el lunes 2 de marzo, la CGT ya había cargado duramente contra la reforma. La calificó como una “afectación grave de derechos colectivos e individuales” que viola principios constitucionales como el de Progresividad y el Protectorio.

El escrito sindical detalló sus objeciones: afirmó que la nueva ley afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tocando derechos como la protección contra el despido arbitrario, la huelga, la negociación colectiva y la libre agremiación. Además, señaló que la normativa habilita “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Con este fallo, el proceso de transferencia del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires continúa su curso, al menos por ahora, mientras la CGT deberá esperar a que se trate el fondo de su demanda para intentar revertir la situación.