La Justicia Federal intervino el PJ de Jujuy y anuló las decisiones de la conducción nacional

Un fallo judicial puso fin a la intervención del Partido Justicialista de Jujuy dispuesta por Cristina Kirchner y designó a un nuevo interventor, en medio de acusaciones de restricciones indebidas a la participación democrática interna. La resolución responde a un planteo de dirigentes peronistas locales y ordena la normalización del partido con informes quincenales a la Justicia.

La presentación judicial que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, presidenta del PJ nacional, fue impulsada por la senadora Carolina Moisés, entre otros dirigentes de distintas líneas del peronismo en Jujuy. La decisión judicial le da lugar a un planteo político que venían realizando dirigentes del peronismo en Jujuy y Salta, con el gobernador Gustavo Sáenz a la cabeza, en contra de la conducción nacional a cargo de la ex presidenta.

¿Qué sucedió durante la intervención?

El fallo destaca que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista Distrito Jujuy se encontraba bajo intervención del órgano nacional, que conduce Cristina Kirchner. La promesa de elecciones para renovar autoridades se dilató en una sucesión de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto interno.

Más de 300 afiliados, incluidos precandidatos, fueron sancionados sin posibilidad de defensa, restringiendo la participación democrática. A lo largo de casi tres años, la dirigencia justicialista jujeña alternó entre amnistías generales —como la dictada para permitir el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos en el proceso electoral interno.

¿Qué dijo el juez sobre las sanciones?

El juez Esteban Eduardo Hansen remarcó que tales sanciones carecieron de toda garantía procedimental y fueron implementadas “al margen de toda garantía mínima”, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa y sin que existieran descargos ni pruebas a favor. La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevos comicios sin asegurar la restitución de los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, la intención de excluir a sectores internos bajo pretexto disciplinario.

Esa maniobra, en palabras del fallo, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”. El proceso estuvo atravesado por múltiples recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales de distintas líneas internas, patrocinadas por reconocidos dirigentes, entre los que sobresalen Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.

¿Cómo se desarrolló el proceso electoral?

La resolución describe las múltiples fechas frustradas para elecciones internas, pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, e incluso una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 que, según comprobó el juzgado, resultó inviable por ausencia de cualquier organización material. “No se acompañó documentación alguna tendiente a la ejecución del acto eleccionario”, advierte la sentencia, que diagnostica una “ausencia absoluta de voluntad real de restablecer la normalidad institucional”.

El texto del Juzgado Federal de Jujuy es categórico al describir la dimensión de la interna partidaria: “La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.”

¿Quién es el nuevo interventor y qué debe hacer?

El juez Hansen ordenó además un riguroso mecanismo de control sobre la nueva gestión: el interventor Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades. Villada, un funcionario del peronismo de Salta que responde al gobernador Gustavo Sáenz, tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal.

Entre los fundamentos, la sentencia advirtió: “La intervención judicial es el único desenlace justo para situaciones en las que los partidos atraviesan una profunda crisis institucional” y puntualizó que el objetivo debe ser la realización de elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a la legalidad y al derecho de los afiliados a participar. La decisión fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital, y se notificó a los impulsores de la medida, cerrando con la disposición de archivar una vez cumplidas las notificaciones. /Infobae