La Justicia Federal en Tucumán: el inminente cambio que esperan jueces, fiscales y miles de causas

La promesa del nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, de destrabar más de 200 designaciones judiciales federales abre una puerta de esperanza para Tucumán, donde el sistema funciona con una estructura a medias, cargos vacantes y organismos que nunca terminaron de arrancar. La provincia podría ver cubiertas vacantes clave y, por fin, la puesta en marcha de un juzgado creado hace más de una década.

El anuncio oficial del Ministerio de Justicia marca un punto de inflexión tras años de parálisis. La cartera revisará las ternas existentes y verificará antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos antes de habilitar el envío de los pliegos al Senado. El objetivo declarado es desbloquear un proceso que dejó vacante cerca del 40% de los cargos judiciales federales en todo el país.

“El Ministerio de Justicia decidió iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el decreto 588/2003 para las vacantes existentes, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección”, señaló el comunicado oficial.

¿Qué está pendiente en Tucumán?

El impacto en la provincia sería profundo. El fuero federal local opera con una estructura incompleta y una fuerte dependencia de subrogancias. Cuenta con tres juzgados de primera instancia, un Tribunal Oral Federal, una Cámara Federal de Apelaciones y varias fiscalías, pero ninguno funciona con su plantel definitivo al completo.

Uno de los cambios más esperados es la apertura del Juzgado Federal N°3, creado por ley el 2 de octubre de 2013. Aunque su titular, José Manuel Díaz Vélez, juró el 1 de diciembre de 2022, el tribunal nunca abrió sus puertas por falta de sede.

Ese escollo parece superado. Se asignó un inmueble en calle 9 de Julio 162, cerca del Tribunal Oral Federal, que ya tiene señalización y aguarda la habilitación formal de la Corte Suprema. Una vez completadas las conexiones técnicas y el traslado del mobiliario, se espera que comience a operar entre agosto y septiembre.

Un juzgado clave para aliviar la carga

La puesta en marcha de este tribunal es considerada vital. El fuero federal tucumano tramita unas 100.000 causas anuales por narcotráfico, lavado de activos, trata, fraude electoral, contrabando y amparos de salud. Ante la falta de infraestructura, el juez Díaz Vélez ha tenido que subrogar también los juzgados federales N°1 y N°2.

Precisamente, el Juzgado Federal N°1, con competencia electoral, se encuentra vacante y es subrogado por un magistrado catamarqueño. Para cubrirlo, el Consejo de la Magistratura ya elevó una terna integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella. La decisión final ahora recae en el Poder Ejecutivo nacional.

El Juzgado Federal N°2 también carece de titular definitivo y fue atendido mediante subrogancias. Su designación depende del mismo proceso de nombramientos que busca reactivar el Ministerio.

En paralelo, también está pendiente la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Federal N°3, que ya tiene titular designado pero no inició actividades. Su habilitación es crucial de cara a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que otorga a los fiscales el mando de las investigaciones.

Una estructura que funciona a media máquina

La demora histórica en la apertura de estos organismos se debió principalmente a la falta de espacio en el edificio de Las Piedras 418, sede actual de la Cámara Federal, los juzgados 1 y 2, las fiscalías y la defensoría. La definición de un nuevo inmueble fue el paso clave para desbloquear la situación.

El compromiso local existió. En 2025, el Gobierno de Tucumán realizó una donación de equipamiento y obras de adecuación por hasta 35 millones de pesos para facilitar el funcionamiento del nuevo tribunal, incluyendo mobiliario, trabajos eléctricos y pintura.

El mapa actual muestra una estructura incompleta en casi todos sus niveles: juzgados con subrogancias, tribunales orales con cargos vacantes y fiscalías sin titulares permanentes. Este escenario explica la lentitud en numerosas investigaciones federales y las dificultades logísticas para organizar juicios orales.

Los números a nivel nacional son elocuentes: casi el 40% de los cargos judiciales federales están vacantes, y en el Ministerio Público Fiscal la proporción supera el 47%. De 367 cargos en fiscalías nacionales y federales, 174 carecen de titulares.

Para Tucumán, la reactivación del proceso de designaciones podría significar el comienzo de una nueva etapa. Si se avanzara con las ternas ya elevadas, la provincia podría empezar a cubrir cargos clave. Esto no solo modificaría el mapa institucional, sino que podría tener un impacto directo en la velocidad y dinámica de las miles de causas federales que se acumulan, un problema crónico del sistema local.