La justicia falló a favor de un dogo argentino y el country deberá esperar: ¿qué pasará con Chango?

Un dogo argentino llamado Chango divide aguas en un barrio privado de Yerba Buena. La administración del country Cerro Azul le había dado 30 días a sus dueños para retirarlo, pero la Justicia frenó la medida.

La controversia estalló cuando la administración del barrio privado intimó a los propietarios de Chango a retirar al animal en un plazo de 30 días. La cláusula reglamentaria invocada prohíbe determinadas razas consideradas agresivas, entre las que se encuentra el dogo argentino.

La pareja dueña del perro no aceptó la decisión y presentó una acción de amparo en los Tribunales. En su presentación, cuestionaron la constitucionalidad de esa norma interna y solicitaron una medida cautelar para frenar cualquier intento de separar al perro de su hogar.

El expediente escaló rápidamente. El Juzgado Civil y Comercial Común de la V Nominación hizo lugar a la cautelar y ordenó al country abstenerse de retirar o disponer el retiro de Chango hasta que exista sentencia definitiva.

Un perro con función terapéutica

El caso no se limitó a una discusión administrativa. La presentación judicial sostuvo que el animal cumple además funciones de acompañamiento terapéutico para uno de los integrantes del grupo familiar. Según la demanda, la presencia del perro fue recomendada en el marco de un tratamiento por ansiedad y depresión, y su eventual separación generó un deterioro emocional.

El juez recogió esa argumentación y habló de “familia multiespecie”, una categoría jurídica cada vez más utilizada para reconocer vínculos afectivos entre personas y animales de compañía. En la resolución señaló que la convivencia con mascotas puede integrar la vida privada y familiar protegida por la Constitución. Se trata de un dato no menor: durante años, las mascotas fueron consideradas apenas bienes muebles dentro del derecho clásico. Hoy, parte de la doctrina y de la jurisprudencia empieza a tratarlas como seres sintientes con intereses propios.

Condiciones estrictas para la familia

La cautelar, sin embargo, no fue un cheque en blanco para los dueños del animal. El magistrado impuso condiciones estrictas para compatibilizar la permanencia del perro con la seguridad del barrio.

Entre otras obligaciones, ordenó mantener al animal dentro del perímetro de la vivienda con cerramientos adecuados; usar correa y bozal cuando transite por espacios comunes; acreditar entrenamiento periódico; cumplir con vacunación y controles sanitarios; y comunicar cualquier incidente al consorcio. En síntesis, la Justicia no desconoció la preocupación vecinal, pero entendió que existían alternativas menos gravosas que la expulsión lisa y llana del animal.