La Justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales: el motivo que lo llevó a la clandestinidad
Evo Morales se ausentó de su juicio por trata de personas y la Justicia boliviana reaccionó: orden de captura y arraigo migratorio. ¿Qué pruebas hay en su contra?
El expresidente boliviano Evo Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija y ahora pesa sobre él una orden de captura. La causa es un presunto delito de trata agravada de personas vinculado a una relación con una menor de edad.
El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, tomó la decisión este lunes tras la inasistencia de Morales a la audiencia inaugural del juicio oral. El presidente del tribunal, Luis Esteban Ortiz, aseguró que se cumplieron todas las formalidades de rigor para la instalación del proceso.
La defensa del exmandatario había anticipado que no asistirían, y efectivamente ni Morales ni su equipo jurídico se presentaron. Ante esto, el tribunal dispuso la declaratoria de rebeldía, que implica la emisión de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales, según reportó el sitio Nueva Presencia.
Tras la medida, se emitió una orden de captura contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare.
¿De qué se acusa a Evo Morales?
La fiscalía investiga la presunta relación de Morales con una adolescente, con quien habría tenido una hija. El expresidente no ha negado públicamente el hecho, pero sus abogados lo califican de montaje.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que el Ministerio Público cuenta con una base sólida. “Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, aseguró.
La defensa denuncia persecución política
El equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia alegando fallas en la notificación. Chávez afirmó que el proceso es una “persecución política” diseñada para desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa el país bajo la administración de Rodrigo Paz.
Por su parte, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no respeta los estándares internacionales y reiteró que la causa es una instrumentalización de la justicia que inició en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y continúa en la actualidad.
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