La Justicia archivó la denuncia contra la Junta Electoral de la UNT: los motivos que nadie contó

El juez federal José Manuel Díaz Vélez desestimó la denuncia penal contra los integrantes de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por la suspensión de las elecciones. La decisión, que coincide con el dictamen del fiscal Agustín Chit, pone fin a una de las causas derivadas del conflicto institucional que sacudió a la casa de altos estudios.

La presentación judicial había sido impulsada por los candidatos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, quienes acusaron a Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, miembros del organismo electoral, de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según los denunciantes, la Junta debía excluir únicamente la fórmula alcanzada por una medida cautelar que impedía la candidatura del entonces rector Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo, y proclamar automáticamente a la restante.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal concluyó que las resoluciones adoptadas por la Junta Electoral buscaron adecuar el cronograma electoral a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones y no configuraron ningún ilícito penal. En su resolución, Díaz Vélez sostuvo que el dictamen del fiscal resultó razonable y compartió el criterio de que la Junta actuó dentro de las facultades que le otorgan el Estatuto de la UNT y la normativa universitaria.

¿Qué buscaban las medidas cuestionadas?

El magistrado remarcó que las medidas tuvieron como objetivo garantizar el normal desarrollo del proceso electoral mientras se resolvía el conflicto de fondo sobre la posibilidad de una nueva candidatura de Pagani. El fallo también señala que proclamar una fórmula ganadora únicamente por la suspensión cautelar de la otra hubiera significado que el resultado de la elección quedara definido por una resolución judicial y no por el proceso democrático previsto en la universidad.

De esta manera, la Justicia descartó que las actuaciones de la Junta Electoral implicaran un incumplimiento de la medida cautelar y resolvió archivar definitivamente la causa penal en primera instancia. La decisión se suma a la extensa disputa judicial que rodeó las elecciones en la UNT y deja cerrada una de las causas derivadas del conflicto institucional.

No obstante, todavía resta que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva la acción declarativa de certeza que definirá el fondo de la controversia sobre la reelección del entonces rector Sergio Pagani. El capítulo judicial, lejos de estar completamente cerrado, promete nuevos episodios.