La guerra por Porter Brewery escala: ahora buscan la destitución de fiscales

La disputa por una de las cervecerías más emblemáticas de la provincia sumó un nuevo frente de batalla. La querella presentó un pedido de juicio político contra seis fiscales, a quienes acusa de negligencia y de haber frenado la investigación para favorecer a los denunciados.

El nuevo capítulo se inició el 1 de junio, cuando la abogada María Fabiana Acosta Cisneros, representante de Damián Luis Battaglia, presentó un escrito ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán. Battaglia es el socio que denuncia haber sido excluido de Porter Brewery, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS, emprendimientos vinculados a Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer.

¿A quiénes denuncian?

El pedido de jury apunta contra los fiscales Mariano Fernández, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Gonzalo Rodríguez, Alejandro Noguera y Marta Ignacia Jerez, y la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás. La querella les atribuye presunto mal desempeño, negligencia grave, incumplimiento de deberes funcionales y retardo injustificado.

El conflicto judicial tiene su origen en la creación de Porter Brewery. Battaglia sostiene que participó desde el inicio, realizó aportes económicos, inversiones y aportó equipamiento clave, pero que al formalizar la sociedad quedó excluido. Afirma que con los años se consolidó una maniobra para impedirle ejercer derechos societarios, acceder a información contable y participar de las utilidades.

La polémica por la prescripción

La Fiscalía consideró que los hechos denunciados ocurrieron entre 2016 y 2017 y que el delito estaba prescripto. Sin embargo, el juez subrogante Raúl Armando Cardozo rechazó ese planteo y ordenó continuar la investigación. El magistrado sostuvo que no podía descartarse que los hechos fueran una sucesión de conductas prolongadas en el tiempo, lo que modificaría el análisis de la prescripción.

La querella sostiene que los fiscales ignoraron hechos posteriores a 2017 que constituirían delitos autónomos. Entre ellos, menciona un episodio ocurrido el 11 de octubre de 2022, cuando Battaglia concurrió a una escribanía para firmar una cesión de cuotas sociales que nunca se inscribió. También denuncia que en abril de 2024 se presentaron balances societarios con información falsa o incompleta, y que en diciembre de 2024 se vendió el fondo de comercio de TBC Barrio Sur sin que la Fiscalía ordenara medidas de preservación.

El 31 de enero de 2025, Battaglia denuncia que se le impidió el ingreso a la fábrica de TBC, donde asegura que gran parte del equipamiento fue adquirido con inversiones propias.

Pericias digitales y demoras

Uno de los elementos más relevantes de la nueva presentación son las pericias informáticas y de forensia digital realizadas durante 2026. La querella afirma que, ante la negativa de la Fiscalía a producirlas, contrató a una especialista que analizó teléfonos, correos y WhatsApp, recuperando documentación sobre aportes económicos, balances y contratos.

La acusación también apunta a demoras y falta de respuesta a los pedidos de la querella, lo que habría favorecido el planteo de prescripción. Por eso, la denuncia alcanza a fiscales de instancias superiores que revisaron las actuaciones.

El conflicto, que comenzó como una disputa societaria, se ha convertido en una compleja batalla judicial con denuncias penales, reclamos patrimoniales y un pedido formal de destitución contra fiscales. La Comisión de Juicio Político deberá evaluar si avanza con el procedimiento, mientras la causa penal sigue su curso.